Menos diputados, dinero y sin pacto fiscal: Santa Cruz, el más afectado sin censo

Con la proyección del Instituto Nacional de Estadísticas de realizar el Censo de Población y Vivienda en 2024, Santa Cruz es el departamento más afectado. Así coinciden los analistas consultados, que explican que pese a que ya es el departamento más poblado del país, solo se podría aplicar la redistribución de escaños parlamentarios en la legislatura 2030-2035, los alcaldes y gobernadores elegidos entre marzo y abril no podrán llegar a un nuevo pacto fiscal con el Gobierno de Arce, ya que los resultados de un censo en 2014 saldrán muy al final de sus mandatos y que el departamento de Santa Cruz dejará de percibir unos 850 millones de bolivianos por año, mientras que la coparticipación tributaria no se redistribuya de acuerdo a la población real de cada ciudad.

El censo de población y vivienda ordena política y económicamente el Estado en Bolivia. Por mandato de la Constitución Política, se lo debe realizar cada 10 años y a través de ello se distribuyen los escaños parlamentarios, la renta tributaria y da paso a un nuevo pacto fiscal entre el nivel central del Estado y las autonomías.

Hoy, Humberto Arandia, director del Instituto Nacional de Estadística, anunció que se proyecta un nuevo censo para 2024 y no para 2022, como debería realizarse.

Akamine sí considera que esta actividad sí se podría realizar en 2023, siempre y cuando el INE tome en cuenta el trabajo que se realizó el año pasado. “¿Por qué se está haciendo recién, es el tema de fondo”, dijo Akamine?

Juan Pablo Suárez, vicepresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, traduce el impacto anual de la falta de censo en los presupuestos del departamento: alrededor de Bs 850 millones cada año. Señala que son los municipios más grandes y que más crecen los que más pierden y que estos se encuentran alrededor de la región metropolitana de Santa Cruz.

Sin embargo, el impacto sea tal vez mayor en municipios de provincia, que han visto aumentar su población hasta en un 30% y deberán esperar entre cuatro y cinco años para recibir lo que por ley le corresponde. Así lo hicieron notar a principio de semana los representantes cívicos provinciales, citando los ejemplos de Concepción y San Ignacio de Velasco, que casi duplicaron su población.

Para José Luis Santistevan, abogado constitucionalista, con la postergación del censo el Gobierno se coloca por encima de las leyes y los derechos fundamentales, ya que, al no redistribuir proporcionalmente los recursos de coparticipación tributaria, se violan los derechos a la igualdad entre ciudadanos y el precepto constitucional de que no puede haber competencia sin asignación de recursos. También ve una violación a los derechos políticos, porque al no haber una redistribución de escaños, crea inequidades de representación entre ciudadanos. “Habrá ciudadanos de primera y de segunda”, dice el Constitucionalista.

“Con esto se está planificando a ciegas y se sigue centralizando los recursos. El 89% de los recursos de Bolivia se manejan desde el nivel central del Estado. Eso quiere decir que este país no es autónomo desde el punto de vista económico”, dijo Santistevan.

Explicó que las consecuencias de un censo retardado van desde la desigual representación parlamentaria hasta después de 2030 y tampoco habrá pacto fiscal.

Eso complicaría los planes de las nuevas autoridades surgidas de las urnas entre marzo y abril. Por la mañana, haciendo un alto en los actos de Tarija, Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz, hablaba sobre la importancia de un nuevo censo y ponía su esperanza en una posición de consenso entre los Gobiernos subnacionales para “redistribuir los recursos y poder pelear por un pacto fiscal”.

Con un censo en 2024, los resultados oficiales de la encuesta saldrían al final de los mandatos de las autoridades recientemente elegidas.