La Constitución garantiza el derecho a la protesta, señala el Conade por procesos a líderes del Comité Interinstitucional

“Las personas que han organizado movilizaciones deben sentirse protegidas por la Constitución y encarar cualquier intento de judicialización con la ley en la mano”, afirmó Manuel Morales.

Publicado el: 06/12/2022
Por Rubén Ariñez
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[Facebook M. Morales.] / El representante del Conade, Manuel Morales, en un contacto con la prensa.

El representante del Comité Interinstitucional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, afirmó este martes que “no existe persecución penal” por organizar un paro como el que se realizó en Santa Cruz por el Censo y, en ese marco, remarcó que la Constitución garantiza el derecho a la protesta.

“Frente a las amenazas que está realizando el gobierno de Luis Arce y la pretensión del Ministerio Publico de procesar a los dirigentes de las movilizaciones sociales que han existido en Bolivia, queremos ser enfáticos y señalar que no existe persecución penal por organizar paros y bloqueos”, señaló el dirigente en contacto con UNITEL.

Organizaciones que se oponían al paro presentaron querellas penales contra los artífices de la protesta.

La denuncias apuntan al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, al presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, los líderes del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo.

Los cívicos cruceños y el Conade denunciaron que el Gobierno ejecuta una persecución política en contra de los tres representantes del Comité Interinstitucional.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló que los “daños” producto del paro en Santa Cruz no pueden quedar en la impunidad pero que será el Ministerio Público y el órgano judicial los responsables de las investigaciones.

“Por el contrario la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la protesta y por lo tanto las personas que han organizado movilizaciones deben sentirse protegidas por la Constitución y encarar cualquier intento de judicialización con la ley en la mano y precautelando sus derechos y sus garantías”, señaló Morales.

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