Informe internacional sobre corrupción cita casos de Añez y Camacho como ejemplo de la politización de la justicia en Bolivia

El índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), publicado este martes por el laboratorio de ideas Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la consultora Control Risks, evaluó la capacidad de un total de 15 países latinoamericanos para “detectar, castigar y prevenir la corrupción” poniendo a Bolivia en el penúltimo lugar de los evaluados.

Bolivia tiene una calificación de 2.56 sobre 10, muy por detrás de países vecinos como Chile (6.67) o Perú (5.53) y solo supera a Venezuela, que tiene una nota de 1.46.

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El documento señala que Bolivia mantiene su puesto del segundo pero país calificado en el Índice desde 2020 y en el último año ha experimentado descensos en varias de las categorías que se evalúan para hacer el análisis de la lucha contra la corrupción.

Uno de los aspectos analizados es de la situación de la justicia: “los analistas han señalado la continua politización del sistema judicial boliviano durante el último año”, señala el documento citando dos casos, el de la expresidenta Jeanine Añez y el del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ambos en la cárcel, acusados por la crisis de 2019 que provocó la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.

“Estados Unidos, la Unión Europea y destacadas instituciones de derechos humanos han señalado que estas decisiones están motivadas por cuestiones políticas”, puntualiza el informe.

El informe señala como “temas críticos para monitorear” las elecciones judiciales que deben realizarse antes de fin de año y las tensiones políticas que pueden aumentar dado que la Asamblea Legislativa preselecciona a los candidatos.

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Además advierten que “las investigaciones relacionadas con la corrupción emprendidas contra oponentes políticos pueden continuar a medida que aumenten las divisiones en el seno del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS)”.

Examinando 14 variables, como la independencia de las instituciones judiciales, el informe evaluó y clasificó a los países en función de la eficacia con la que combaten la corrupción.