Informe del GIEI identifica ausencia de justicia y un uso desproporcionado de la fuerza en conflictos de 2019

Los hechos ocurridos en Sacaba y Senkata fueron denominados como masacre. Es esencial, recomendaron los expertos, iniciar investigaciones para determinar responsabilidades

Publicado el: 06/07/2022
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La entrega del informe se realizó con la presencia de Luis Arce / Foto: Rubén Ariñez

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) halló evidencia de un uso de fuerza excesivo y una ausencia de justicia durante el tiempo de violencia que se generó en Bolivia durante el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Patricia Tappatá, miembro de este grupo, explicó que se analizó "no solo los eventos que causaron más muertes, sino todo los hechos de violencia" y que se busca con este trabajo que estas acciones sean imprescriptibles.

Se aclaró que en este trabajo la GIEI no se pronuncia sobre si hubo fraude o golpe y más bien recomendó que se generen cambios en el poder judicial para que se garantice una independencia y se eliminen abusos en las detenciones.

"La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia”, detalla el informe.

La entrega del trabajo final fue realizado este martes en presencia de familiares de víctimas de Senkata y Sacaba, dos zonas en los que se cometió "una masacre" y se usó un excesivo uso de la fuerza.

También se recalcó que el Estado debe garantizar la "inaplicabilidad de amnistía" sobre los hechos luctuoso y que "las autoridades políticas deben abstenerse de opinar sobre la investigación penal".

El informe de los especialistas también pone de manifiesto un resarcimiento para las víctimas y que se apliquen sanciones para quienes resultaren responsables de las acciones violentas. 

De acuerdo a Tappatá, se tiene un cifra de al menos 37 personas que murieron durante la crisis política-social de 2019 y que tuvieron  la participación de agentes estatales de la fuerza y particulares.


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