Human Rights Watch y el expresidente Rodríguez Veltzé se suman a organizaciones que urgen “destrabar” los comicios judiciales

En criterio del director de Human Rigths Watch (HRW), César Muñoz, “está en juego el Estado de derecho” en Bolivia. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé advierte sobre una “crisis que compromete el respeto a los derechos humanos”.

Publicado: 12/10/2023 12:19
[AFP] / Sufragio en las elecciones Judiciales de 2017.

En medio de la incertidumbre por las elecciones judiciales, el director asociado de Human Rigths Watch (HRW) para las Américas, César Muñoz, y el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, respaldaron el pronunciamiento conjunto de organizaciones e instituciones de la sociedad civil para destrabar este proceso.

“Ante la imposibilidad de llevar adelante las elecciones este año, es un hecho que a partir del 2 de enero de 2024 estaremos es un escenario de acefalía de los cargos de las autoridades de las altas magistraturas del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, por lo que esta situación ya ha generado un grave daño al Estado de derecho, a la estabilidad del país y a los derechos de toda la población boliviana”, se lee en el pronunciamiento.

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En el documento, que exige “respuestas inmediatas y atención urgente al proceso de Elección Judicial en Bolivia”, firman una 35 instituciones y algunos defensores de derechos humanos.

En criterio de Muñoz, “está en juego el Estado de derecho” en Bolivia.

“La sociedad civil alerta de la gravísima crisis constitucional que se avecina por el retraso en la selección de altas autoridades judiciales. El Tribunal Constitucional y la Asamblea deben colocar como prioridad destrabar el proceso”, exhorta en el post en Twitter en el que comparte el pronunciamiento.

Por su lado, el expresidente Rodríguez Veltzé afirmó que ésta es una “crisis que compromete el respeto a los Derechos Humanos de la población”.

La Cámara de Senadores aprobó el 30 de agosto una ley para allanar las elecciones judiciales y la envió a la Cámara de Diputados, que decidió enviarla a consulta a seis instituciones, entre ellas el Órgano Judicial, que luego interpuso una consulta en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que no se pronuncia hasta la fecha.

Las instituciones y los defensores de derechos humanos firmantes del pronunciamiento exigen al TCP “asignar un tratamiento prioritario a la Consulta de Control Previo de Inconstitucionalidad sobre el PL C.S. N° 144/2022 – 2023 ´Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2023´, emitiendo en el fallo dentro de los próximos días para que la Asamblea Legislativa Plurinacional pueda aprobar la Ley dentro del periodo legislativo”.

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Para tal fin deberá priorizar y reducir plazos en el tratamiento de estos recursos”, se añade.

De la misma manera, exhortan al Legislativo y a los partidos políticos a cumplir su obligación democrática, propiciando consensos para viabilizar la aprobación de la ley” y la selección de candidatos, pero “en un proceso de calidad, sustentado en principios de idoneidad, transparencia, publicidad y selección basada en méritos, demostrando de esta manera su compromiso con la sociedad boliviana y cumpliendo con el deber de constituirse en el guardián del Estado de Derecho”.

En ese marco, urgieron a los partidos políticos “que depongan intereses partidarios y lleguen a un acuerdo nacional para impulsar los cambios que requiere la justicia”.

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