Gobierno desahucia plan de recolección de firmas para reformar la justicia

El ministro de Justicia, Iván Lima, consideró que está “desfasado” el plan que impulsa el grupo de Juristas Independientes y otros movimientos ciudadanos para una reforma judicial a través de ajustes a la Constitución Política del Estado (CPE) vía referéndum.

La iniciativa tiene el respaldo de la Iglesia Católica. La crisis de la justicia es un tema clave de escenarios como el cabildo nacional que se llevará a cabo este miércoles.

Para el titular de Justicia, “esta situación está desfasada” si se toman en cuenta los plazos de las elecciones judiciales que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) organiza para este año con el fin de reemplazar a las actuales autoridades del Órgano Judicial que culminan su mandato el 31 de diciembre.

Según lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, los 26 magistrados se eligen por voto popular de ternas que el Órgano Legislativo debe definir por dos tercios de voto.

Precisamente este mecanismo es observado por las plataformas y los cívicos puesto que advierten que solo consolida la injerencia del Gobierno en un órgano que debe ser independiente.

Para este año, el Legislativo debe enviar la lista de ternas de candidatos hasta abril.

“Para organizar elecciones judiciales este año deben estregarse estas listas hasta el 15 de abril, llevarse adelante un proceso electoral que culminaría entre octubre y diciembre con los resultados correspondientes”, explicó Lima.

La recolección de firmas comenzará este miércoles. Según Lima, este plan tiene plazos como la recolección de firmas “que va hasta abril” y luego debe someterse a “un largo proceso de validación” por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Órgano Electoral y la Asamblea Legislativa y que culmina con un referéndum como el del 21F, cuya votación es nacional, explicó.

“Todo esto muestra que hay desfase entre los tiempos de la Constitución y los tiempos de la propuesta que se está lanzando hoy”, señaló el ministro.

En criterio de Lima, lo que corresponde en este caso es “el diálogo, la consideración de todos los argumentos y la posibilidad, en este caso de la Asamblea Legislativa, de compatibilizar esa agenda planteada por grupos ciudadanos con los tiempos de la Constitución y el mandato que culmina el 31 de diciembre.

“Esos aspectos tienen que ser analizados y discutidos ampliamente en el marco de lo que queremos todos, que es una mejor justicia para los bolivianos”, señaló.