Gobierno buscará instrumentalizar la sentencia de Murillo para beneficio político, según analista

Mientras el actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, resalta la sentencia de 70 meses de cárcel (cinco años y diez meses) para su antecesor Arturo Murillo, señalando que las denuncias que realizó el Gobierno contra la exautoridad eran ciertas, el analista político José Orlando Peralta advirtió que la actual administración estatal no hizo nada para obtener justicia.

Y es que la sentencia de Murillo se dio en territorio estadounidense y no así en Bolivia, por lo que Peralta observó que ahora el Gobierno busca capitalizar de manera sesgada e instrumentalizar el caso para beneficio político, cuando fue el comportamiento institucional de la justicia de Estados Unidos (EEUU) lo que puso tras las rejas a la exautoridad del Gobierno transitorio.

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue sentenciado a 70 meses de cárcel en EEUU, este 4 de enero, después de que se declarara culpable de los delitos de soborno internacional y lavado de dinero, en octubre pasado, por un caso que detalla que recibió un soborno de $us 532.000 a cambio de asegurar un contrato de $us 5,6 millones para la entrega de gases lacrimógenos y otros equipos no letales durante el Gobierno transitorio, entre noviembre de 2019 y abril de 2020.

Según las investigaciones, el exministro compró un lote de gases lacrimógenos de la empresa Cóndor, por medio de la firma Bravo Tactical Solutions LLC. Esa empresa pagó $us 3,3 millones por el material antidisturbios que luego vendió al Estado boliviano en $us 5,6 millones, por lo que se evidenció un sobreprecio que fue trasladado a bancos estadounidenses, de donde Murillo obtuvo réditos.

En este sentido, el politólogo apuntó que la sentencia de Murillo es una muestra de que en Estados Unidos existe la independencia de poderes y la fortaleza institucional, ya que cualquier persona que vaya a ese país y cometa delitos debe pagar su culpa, tema que debería exisitir en cualquier estado.

Desde el punto de vista de Peralta, esto contrasta con la situación de la justicia en Bolivia, donde se denota debilidad institucional debido a que hay corruptos que cometen delitos u siguen libres, por lo que sugirió que se debe analizar y fortalecer las debilidades del sistema nacional.

En primera instancia, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, a través de sus redes sociales, manifestó que Murillo fue sentenciado a 7 años de cárcel; sin embargo, tiempo después trascendió desde la justicia estadounidense estableció una pena de 70 meses (cinco años y diez meses), tema que fue confirmado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

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