Fiscalía de Puno ya investiga a Evo y prevén convocarlo a declarar para el 7 de marzo

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, en Perú, determinó abrir una investigación preliminar contra el expresidente Evo Morales por el presunto delito de atentado contra la seguridad nacional del país vecino.

“Las pesquisas, por un plazo de 60 días, son por el presunto delito contra la seguridad nacional y traición a la patria, en la modalidad de atentado contra la integridad nacional. Durante este periodo, se ha dispuesto recabar las declaraciones de los investigados, entre otros actos indagatorios”, señala el diario El Comercio, que accedió a la disposición fiscal.

La investigación preliminar se realiza también contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón; y el exgobernador regional de Puno Germán Alejo Apaza.

Según la información a la que accedió la periodista del medio peruano, el fiscal Efraín Mallea tiene previsto convocar a Morales para declarar para el 7 de marzo próximo. Según otros medios peruanos, la declaración se realizará de manera virtual.

La investigación se realiza en el marco de una denuncia presentada la semana pasada por el congresista peruano, Jorge Montoya, quien acusa a los investigados de realizar acciones que atentan a la integridad de Perú con “el propósito de unir la región de Puno al Runasur, organización creada por Evo Morales”.

El exgobernante ha estado muy activo en las redes sociales con opiniones sobre la crisis en Perú y mensajes para defender a Pedro Castillo desde su destitución por el Congreso tras intentar dar un golpe de Estado, el 7 de diciembre pasado.

Evo responde

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) manifestó el sábado que en Perú lo acusan penalmente para ocultar “crímenes de genocidio” tras conocerse que la Fiscalía peruana admitió una denuncia en su contra por el supuesto delito de “atentar contra la integridad nacional”.

Morales escribió en su cuenta de Twitter que “congresistas procesados por sedición al desconocer el voto del pueblo” están cometiendo “delitos de actos hostiles contra Estado extranjero y tratan de acusarnos penalmente”.

El expresidente boliviano mantuvo una activa presencia en Perú, sobre todo en regiones del sur del país, durante el Gobierno de Pedro Castillo con el objetivo de incentivar la integración de regiones como Puno al proyecto Runasur, la plataforma internacional de movimientos sociales e indígenas que impulsa.

Esta semana el Gobierno de Perú prohibió a Morales y a otros ocho bolivianos el ingreso al país vecino porque lo acusan de entrar para “efectuar actividades de índole política proselitista”, lo que afecta la “seguridad nacional del país”.

El exmandatario respondió a esta decisión señalando que esta situación se hace para “distraer” y evadir responsabilidades sobre los sucesos en ese país.

Las protestas en Perú han dejado hasta ahora 42 muertos en enfrentamientos entre civiles y policías, entre los que se encuentra un agente de policía que fue asesinado por una turba, mientras que siete personas más han perdido la vida “por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo, según la Defensoría del Pueblo de Perú.

Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales a 2023 y la convocatoria a una asamblea constituyente.