En medio de nueva crisis en Bolivia, CIDH urge la liberación de detenidos por temas políticos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenan la “instrumentalización del Poder Judicial para la persecución de personas en contra de la libre expresión y la privación de la libertad a por razones políticas en la región”, según un comunicado lanzado este 29 de diciembre.

Además, el organismo internacional manifiesta su preocupación por las condiciones de detención a las que están sometidas algunas personas, por lo que hace un llamado para que se adopten medidas inmediatas para liberarlas.

El reporte aparece en una coyuntura que desató una nueva crisis en Bolivia, tras la detención del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, en acciones que fueron llevadas adelante este miércoles por parte de las fuerzas del orden y que fueron denunciadas como “secuestro” desde Santa Cruz.

“Permanente, se recibe información sobre el empleo de la privación de la libertad con el uso discrecional y excesivo de la prisión preventiva, como mecanismo de control, censura y represalia, así como violaciones al debido proceso y a la protección judicial”, sentencia la CIDH.

Si bien estas prácticas fueron denunciadas en diferentes países del hemisferio, se destaca que son utilizadas principalmente por parte de gobiernos autoritarios caracterizados por la sujeción del Poder Judicial al Ejecutivo en franco desconocimiento del principio de separación de poderes.

En estos países, la CIDH advierte que las personas privadas de libertad por motivos políticos enfrentan un tratamiento diferenciado derivado de las razones que motivaron su encarcelamiento, lo que ha provocado grave deterioro de salud de varias de ellas; y con riesgo de sufrir afectaciones a su vida e integridad personal.

En el tratamiento diferenciado se observan algunos patrones como: 1) ausencia de información oficial acerca de su situación, incluyendo el lugar de alojamiento; 2) empleo de regímenes de aislamiento e incomunicación; 3) falta de atención médica oportuna y especializada; 4) obstáculos para mantener contacto regular, directo y digno con sus familias incluyendo a sus hijos e hijas; 5) restricciones a las visitas por largos períodos de tiempo, entre otros.

Este jueves, la bancada de senadores y de diputados de Creemos remitieron una serie de cartas ante organismos internacionales y representaciones diplomáticas denunciando “el secuestro ilegal y violaciones a los derechos del gobernador de Santa Cruz”.

En carta dirigida a la Human Rights Watch (HRW), Organización de Estados Americanos (OEA), Organización de Naciones Unidas (ONU), Unión Europea (UE), Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh), Fundación del Debido Proceso (DPLf), y la Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas.

Los parlamentarios de Creemos advierten al menos cinco ilegalidades en la aprehensión de Camacho, “las cuales se resumen en secuestro, uso de violencia excesiva, aprehensión en ausencia de delito penal, traslado a La Paz cuando debería juzgarse en la ciudad de Santa Cruz y desaparición forzosa tras el arresto; asimismo, se ha vulnerado circulares emitidas por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en relación a la vacación judicial anual colectiva”.

La Comisión y su Relatoría Especial urgen a los Estados de las Américas a poner en libertad a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, así como al respeto y garantía de su vida e integridad personal.

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