Elecciones judiciales: Comisión aprueba realizar ajustes a reglamento de preselección, reinstalará sesión el lunes

Poco más de una hora duró la sesión que instaló este sábado la Comisión Mixta de Constitución para evaluar el fallo emitido por la Sala Constitucional Primera que dispuso un nuevo reglamento para la preselección de candidatos a las elecciones judiciales, tras un amparo interpuesto por Miguel Ángel Balcázar Ruíz.

Tras el debate, se aprobó por mayoría ajustar y hacer un nuevo reglamento “que proteja el ejercicio de derechos fundamentales y garantías establecidas”.

Se dispuso también entrar en un cuarto intermedio este sábado para que la sesión se reinstale el lunes.

SESIÓN SE INSTALÓ PASADAS LAS 16:00

En principio la senadora Silvia Salame señaló que al haber sido la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la que aprobó el reglamento que fue anulado, debe ser esa la instancia la que ordene a la Comisión Mixta evaluar el reglamento anterior para elaborar uno nuevo, cumpliendo el fallo de la Sala Constitucional del Beni.

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“Nosotros no teníamos competencia para revisar algo que ha sido aprobado por la asamblea”, afirmó Salame.

Ante esta situación, se informó que llegó a la Comisión Mixta de Constitución, una carta de David Choquehuanca, vicepresidente de Bolivia y presidente de la ALP, dando a conocer el fallo de la Sala Constitucional del Beni, iniciándose de esta manera el tratamiento del reglamento.

El miércoles por la noche la Sala Constitucional Primera concedió a Miguel Ángel Balcázar Ruiz, la tutela al Amparo Constitucional que interpuso al reglamento de preselección de candidatos, indicando que el requisito de no haber expresado posturas políticas de manera pública, vulnera la libertad de expresión.

En la resolución se dispuso como primer punto: “inaplicar el requisito común de no haber expresado postura política de manera pública, contenido en el reglamento de candidatas y candidatos en la elecciones judiciales”.

El segundo punto dispuso dejar sin efecto la convocatoria pública para la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, mientras no se subsane el requisito que ‘vulnera derechos constitucionales’.