Denuncian ante la CIDH que la protesta en Bolivia está siendo criminalizada

El bloque opositor de Comunidad Ciudadana anunció que puso en conocimiento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la “criminalización de la protesta social” que se registra en el país y que se acentuó tras la aprehensión del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho.

“La criminalización de la protesta social que deriva en la detención ilegal y sin fundamento de la población que se manifiesta es algo repudiable”, reza la carta que fue enviada al organismo internacional, donde también se expone que el Gobierno central incumple parámetros sobre la protección de la protesta social.

Según el reporte, las autoridades de turno ordenan la represión de la población que se manifiesta en las calles e incluso organiza grupos de choque conformados por servidores públicos”, lo que ocasiona enfrentamientos.

Del mismo modo, el líder del bloque opositor, Carlos Mesa, lanzó un mensaje en el que rechaza las agresiones sufridas por los periodistas, donde el episodio más reciente se dio la noche del martes en la capital paceña, resultando agredidos un total de siete trabajadores de la prensa en diferentes situaciones.

“Advertimos el peligroso incremento de la violencia directa, hostigamiento y discurso de odio contra los periodistas en Bolivia, propiciado por grupos de choque del MAS. Silenciar a la prensa independiente es la estrategia de dictadores para imponer regímenes de miedo e impunidad”, apuntó Mesa en sus redes sociales.

La denuncia fue expuesta por un grupo de parlamentarias de la agrupación naranja, quienes también enviaron una nota al presidente, Luis Arce, para que garantice la presencia de los representantes de la relatoría especial de la CIDH.

“A esto se suman crecientes denuncias de que el Ministerio Público boliviano obliga a sindicados de cometer delitos a confesar culpas y someterse a juicios abreviados especiales para evitar así su encarcelación”, enuncia la carta, así como el “abuso de la imposición de la detención preventiva” y que se ha aplicado “recurrentemente” en casos que involucran a líderes opositores.

En días pasados, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenaron la “instrumentalización del Poder Judicial para la persecución de personas en contra de la libre expresión y la privación de la libertad por razones políticas en la región”, según un comunicado lanzado este 29 de diciembre.

“Permanentemente, se recibe información sobre el empleo de la privación de la libertad con el uso discrecional y excesivo de la prisión preventiva, como mecanismo de control, censura y represalia, así como violaciones al debido proceso y a la protección judicial”, apuntó el reporte, el cual coincide con la denuncia de Comunidad Ciudadana.

Las parlamentarias afirmaron que la situación “tan alarmante” que vive el país se dio a raíz de la “detención ilegal” del gobernador de la región de Santa Cruz, el también opositor Luis Fernando Camacho, donde también se registraron casos del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, acciones que son calificadas de “violentas, desproporcionales y arbitrarias”.

ANTECEDENTE: La CIDH pide al Gobierno información sobre la aprehensión y situación de Camacho