Dan 48 horas a la Policía para presentar un informe sobre las represiones en Santa Cruz

La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz da un plazo de 48 horas para que la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno presenten un informe de todas las acciones ejecutadas desde el 28 de diciembre en Santa Cruz, según anunció el titular de la entidad Zvonko Matkovic este lunes, en conferencia de prensa.

El presidente del Parlamento cruceño también expuso que se revisarán los recursos económicos y bienes departamentales entregados por la Gobernación a la Policía, entre ellos el edificio donde opera el Comando policial en la capital cruceña.

“Estamos indignados y extremadamente preocupados por las acciones y acontecimientos en el departamento, como el secuestro del gobernador y brutal agresión de la cual está siendo víctima el pueblo cruceño”, lamentó Matkovic, a tiempo de exponer que la interpelación incluye ocho asuntos específicos.

Estos temas son: las instrucciones recibidas por la Policía que se ejecutaron en Santa Cruz en los últimos días, cantidad de efectivos desplegados y destinados para las represiones, cantidad de uniformados trasladados hasta Santa Cruz desde otras regiones, el número de vehículos utilizadas, el combustible utilizado, un informe con los inmuebles que son propiedad de la Gobernación y que están en manos de la Policía, la lista de detenidos desde el 28 de diciembre y un reporte de las acciones planificadas para garantizar la paz y el derecho a la protesta.

Entre los inmuebles otorgados a la Policía y que son propiedad de la Gobernación se encuentran el Comando departamental, la Escuela de Policías, los ambientes de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), terrenos otorgados en Palmasola para la construcción de una nueva cárcel y en la provincia Ñuflo de Chávez, entre otros, según el presidente de la ALD.

Se enfatizará en aquellos recursos y bienes que hayan sido utilizados para fines represivos contra el pueblo cruceño, “apartándose de su rol constitucional”, así como se demandará el respeto y garantías para el ejercicio fundamental de la libertad de expresión, de pensamiento, protestas y reclamo pacifico en contra de los actos impulsados por las instancias policiales.

“Nos comprometemos con el pueblo cruceño a llevar adelante la más dura fiscalización a la Policía Boliviana que no solo usa recursos otorgados por la Gobernación, sino también usa bienes de la Gobernación”, sentenció la autoridad legislativa.

El Gobierno justifica las represiones y el actuar policial. La noche de este domingo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, expuso la noche del 1 enero que la Policía continuará realizando su labor “apegada a la Constitución Política del Estado”.

“Nuestra Policía se maneja doctrinaria y constitucionalmente bajo el criterio del uso necesario, proporcional, legal y racional de la fuerza para el mantenimiento del orden durante conflictos sociales. En ningún momento, y bajo ningún motivo, exceden ese principio universal. Al contrario, es loable su tarea conteniendo a grupos radicalizados y paraestatales que solo buscan violencia y dolor en el pueblo cruceño y boliviano”, justificó el ministro.

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