Conflicto por tierras en Santa Cruz: Defensoría censura anuncios de justicia por cuenta propia

Tras los hechos de violencia que se registraron la semana pasada en el departamento cruceño relacionado a conflictos por tierras, desde la Defensoría del Pueblo emitieron un comunicado en el que censuran todo acto y anuncios de justicia por cuenta propia.

“La Defensoría del Pueblo repudia y condena imperiosamente todo acto de violencia, venga de donde venga, así como anuncios de justicia por cuenta propia respondiendo a la violencia, con más violencia, siendo lesivo y atentatorio al sagrado derecho a la vida e integridad”, reza el reporte.

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Según los antecedentes, los hechos se registraron en la provincia cruceña de Guarayos. Producto de la violencia agudizada por el uso de armas de fuego, varias personas fueron heridas y se confirmó la muerte de una persona de sexo masculino.

En este sentido, desde la entidad convocaron a los actores en conflicto a bajar las actitudes beligerantes y encontrar soluciones a través de mecanismos pacíficos sobre los problemas de tierras o su acceso, respeto a la propiedad privada y vigencia de derechos establecidos y garantizados por la Constitución Política del Estado.

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Asimismo, desde la institución reflejaron que el derecho a la vida es un derecho superior reconocido por la Constitución Política del Estado, donde se establece que “toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes”.

“La Defensoría del Pueblo convoca a las autoridades locales, departamentales y del gobierno central competentes a dar soluciones a la conflictividad, extremando los esfuerzos necesarios para acciones inmediatas y de prevención a fin de evitar mayores enfrentamientos que vulneren los derechos de las y los bolivianos”, concluye el comunicado.

Por otro lado, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, señaló que debido al enfrentamiento con muerte de una persona en la comunidad Pailitas, en la provincia Guarayos, existen 30 órdenes de aprehensión que deben ser ejecutadas.

Estos requerimientos fiscales son para dirigentes e inclusive empresarios de la zona. Según la denuncia de comunarios, un grupo de interculturales trató de despojarlos de sus tierras en un sector que se volvió blanco de disputas.

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