Colegio de Abogados alista una denuncia penal ante la falta de viabilidad de las elecciones judiciales

Una vez que se cumplió el plazo de 72 horas dictado por Asamblea Legislativa Plurinacional al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para emitir el fallo correspondiente sobre el proyecto de ley para las elecciones judiciales, desde el Colegio de Abogados de Santa Cruz enfilan una denuncia penal contra las cabezas de la presente y anterior legislatura del Senado y Diputados.

¿El motivo? En un contacto con UNITEL, El vicepresidente del ente colegiado, Félix Oros, explicó que esto se debe ante la desobediencia de hacer cumplir la sentencia constitucional que conminaba a la Asamblea a reunirse para trabajar en tiempo y materia para consolidar y sacar la ley para concretar las elecciones judiciales.

Oros manifestó la denuncia será presentada este miércoles en la Fiscalía y apunta a Andrónico Rodríguez, actual presidente de la Cámara de Senadores; Israel Huaytari, actual presidente de la Cámara de Diputados, y Jerges Mercado, expresidente de la Cámara Baja.

Desde el Colegio de Abogados apuntan que estas autoridades por los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad.

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“Hasta el día de hoy estamos a menos de 20 días para que se acabe el año y no han sacado la ley para llamar a elecciones judiciales. Ese hecho constituye ya un delito de incumplimiento de deberes y desobediencia a sentencias constitucionales. Ese hecho tiene que ser investigado ya porque no pueden quedar impunes estos señores ante la sociedad boliviana”, sostuvo el letrado.

Del mismo modo, señaló que lo que queda por la vía constitucional sería ya llamar a una Asamblea Constituyente, porque estamos hablando de un poder del Estado que quedaría prácticamente a acéfalo y en vacancia”.

El ejecutivo también observó que, ante la falta de una respuesta del TCP, va a haber un vacío de poder y más gris es el panorama para el mundo litigante ante un posible escenario de inestabilidad e inseguridad jurídica, a los que se suma “el manoseo” político al que se ha visto sometido el Órgano Judicial.

El 31 de diciembre de 2023 concluya el mandato de los actuales magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del TCP.

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Luego de la reunión de las tres fuerzas políticas con el vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, los legisladores decidieron enviar una carta al TCP para viabilizar las elecciones judiciales, mismo que se cumplió la tarde de este lunes.

De no ser atendida esta conminatoria, el Órgano Legislativo asumirá las acciones que le reconoce la Constitución Política del Estado, en resguardo de los intereses del pueblo boliviano, según un reporte del aparato de comunicación estatal.

Hasta el cierre de esta nota (17:45 de este lunes), las autoridades del TCP continuaban con sus labores para dar una respuesta a la Asamblea pese al vencimiento del plazo.

De momento, el tiempo corre y el proceso electoral aún está en el aire.

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