Camacho entra a la tercera semana de detención a la espera de su apelación y con nuevas acusaciones en su contra

El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho cumplió el viernes dos semanas de detención preventiva -después de que la justicia dictó su reclusión en Chonchocoro por un lapso de cuatro meses- y en las que resaltan nuevas acusaciones en su contra, aún se aguarda la falta de fecha para su audiencia de apelación, que debe ser fijada de inmediato tras dictarse a su favor una audiencia de acción de libertad.

Ingresando a la tercera semana de detención además se han sumado nuevas acusaciones contra la autoridad.

El abogado de la autoridad cruceña, Martín Camacho, confirmó a UNITEL que a la acusación por supuesto terrorismo, la Fiscalía sumó los presuntos delitos de cohecho y seducción de tropas, situaciones por las que Camacho deberá responder desde La Paz, dentro de las investigaciones que se impulsan en el marco del caso ‘Golpe I’.

El jurista denunció que las autoridades correspondientes afirman que las investigaciones siguen su curso, pero no se revelan más detalles, situación que genera un perjuicio para la defensa que tilda de contradictoria la situación debido a que los nuevos alegatos no figuran en el cuaderno de investigaciones.

El viernes por la noche, un juez pidió que se fije una fecha y hora para la audiencia de apelación de las medidas cautelares.

Problemas de salud

Y es que la situación de salud del gobernador fue otro de los temas de controversia en estas dos semanas de encarcelamiento, ya que se tuvo que agotar todos los recursos para que la autoridad reciba el tratamiento especializado para evitar que se afecte su salud. Tuvieron que pasar siete días desde su detención para que el equipo y medicamentos específicos puedan ingresar al penal de Chonchocoro.

Una vez se ejecutó el tratamiento se logró estabilizar la salud de la autoridad, según confirmó su esposa, Fátima Jordán. Sin embargo, Camacho debe recibir la medicación cada 20 días y el pedido de su traslado a una clínica sigue vigente, pero Régimen Penitenciario alega que en el penal existen las condiciones.

Las autoridad también afirma que Camacho cuenta con privilegios en el penal y cuando se cumplen dos semanas de su detención el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que al gobernador “se le están dando privilegios”, además de precautelar sus derechos.

“Golpe a la Gobernación”

No obstante, desde la Gobernación de Santa Cruz exhiben que el masismo le quiere negar uno de sus derechos políticos -el de ejercer el cargo de gobernador, tanto así que desde los tres niveles de Gobierno el oficialismo buscan activar mecanismos para que la silla de máxima autoridad departamental sea ocupada por el vicegobernador Mario Aguilera o que incluso se llame a nuevas elecciones.

El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que se analizarán las opciones legales, constitucionales o electorales correspondientes para cubrir la ausencia de Camacho, “ante la negativa del vicegobernador y del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental –Zvonko Matkovic- de asumir de manera temporal la conducción del ente departamental”.

Lima alegó que el Estatuto Autonómico establece que, ante la ausencia temporal del Gobernador, debe asumir el vicegobernador o ante la renuncia de éste, la suplencia debe ser definida en la Asamblea Legislativa Departamental. Sin embargo, Aguilera y Matkovic argumentaron que no existe esta figura, ya que Camacho no está ausente (solo se le impide la locomoción) ni tiene sentencia para ser removida.

“Si el gobernador y el vicegobernador han dejado a Santa Cruz sin dirección, tendrán que haber nuevas elecciones en ese departamento”, advirtió Lima, tema que es considerado como un ataque y golpe de Estado al Gobierno departamental, ya que aseguran desde la Gobernación, el cargo de Camacho no está vacante.

Pese a estas situaciones, Camacho se ocupa de hacer gestión y desde Chonchocoro ya firmó dos documentos: el Decreto Departamental 405, donde ratifica a siete secretarios departamentales, y la Resolución Administrativa 1381, que se enfoca en la ratificación de subgobernadores y directores y gerentes de áreas, así como también la designación de ocho nuevos funcionarios.

Emergencia departamental

A dos semanas del encarcelamiento de Camacho, el Comité pro Santa Cruz tiene activa la emergencia departamental de manera permanente, no solo por la detención del gobernador, sino también por los episodios de brutalidad policial y represiones contra manifestantes que rechazan el encarcelamiento del gobernador, situación que derivó en cerca de un centenar de detenciones en estas dos últimas semanas.

El presidente del Comité cívico, Rómulo Calvo expuso que el Gobierno y la justicia no solo “secuestraron” al gobernador cruceño, sino a la democracia, la libertad y el estado de derecho, por lo que la liberación de estos es tarea de todos los bolivianos, lucha que también apunta a 183 presos político, según el reporte.

El mensaje de unidad a la oposición y encarar una lucha de manera nacional también fue sacado a relucir por el gobernador en el último de tres mensajes emitidos por el gobernador desde la cárcel. “Hagan todos los esfuerzos por unificar sus posiciones y buscar puentes con todos los sectores democráticos del país para enfrentar a la dictadura del MAS”, apuntó en su carta más reciente.

Pronunciamientos desde el exterior

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Naciones Unidas, 25 exjefes de Estado, un portavoz de la Unión Europea y el Gobierno de Estados Unidos han hecho eco de la situación de Camacho y de la situación de violencia a la que se ha visto sometida la ciudadanía y las instituciones públicas en los últimos días.

La CIDH solicitó al Gobierno de Bolivia que presente los pormenores de la aprehensión y detención preventiva que pesa sobre el gobernador cruceño, según reportó la senadora Centa Rek (Creemos), quien solicitó al organismo internacional la aplicación inmediata de medidas cautelares a favor de la autoridad. El plazo fenece la próxima semana.

Mientras que afines al oficialismo buscan que se activen mecanismos para encarcelar y procesar a otros opositores por el caso Golpe I, por lo que ya están detenidos la expresidenta Jeanine Áñez y el propio gobernador cruceño, quien ve que la lucha sigue en pie.

“Como preso político del MAS, debo asumir una lucha permanente contra la dictadura masista, sin claudicar en nada. Estoy consciente de que antes que mi libertad personal, está la recuperación de la democracia y la libertad de todo nuestro pueblo”, fue uno de los mensajes más sonados de la autoridad.

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