Aún sin acercamientos tras el Cabildo, Cuéllar dice que frenar el paro indefinido está en manos del Gobierno

En un plazo de 21 días el Gobierno debe emitir un decreto en el que se establezca que el Censo debe hacerse en 2023

Publicado el: 01/10/2022
Por Pablo Cambará Ferrufino
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Vicente Cuéllar, rector de la Uagrm,

El Cabildo realizado en Santa Cruz determinó dar un plazo de 21 días al Gobierno para que se emita un decreto en el que se establezca la realización del Censo el 2023, caso contrario, desde el 22 de octubre se acatará un paro indefinido departamental.

Este sábado, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, remarcó que es el Ejecutivo nacional el que tiene en sus manos el frenar esta medida y que para ello debe “bajar los decibeles” y reflexionar sobre la posibilidad de ejecutar este proceso en 2023 y no para 2024.

“Si el Gobierno atiende las demandas, las conclusiones del Cabildo quedarán sin efecto”, adelantó Cuéllar a UNITEL.

El representante del Comité Interinstitucional también señaló que se debe entender que el Censo no es solo para beneficiar a Santa Cruz, sino que favorecerá a todos los bolivianos al ser una herramienta que permitirá conocer la realidad del país para que así se diseñen y planifiquen políticas públicas.

Luego del Cabildo, hasta el momento no hay ningún acercamiento, reveló Cuéllar que adelantó que espera que en el transcurso de esta semana si hayan encuentros con el Ejecutivo.

¿En qué le perjudica al Gobierno hacer el Censo en 2023, se sienten afectados, hay alguna motivación extra?”, preguntó al añadir que “nosotros, técnicamente, vamos a demostrar que sí es posible hacer el Censo el próximo año”.

En las últimas horas, al ser consultada sobre la determinación del Cabildo, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, advirtió que esta medida traerá “consecuencias nefastas” para la población. Además, reiteró que está en pie la invitación al diálogo para el 11 de octubre.

Están llevando a una medida de paro indefinido que va traer consecuencias nefastas para nuestra población cruceña y boliviana, que por día pierde 36 millones de dólares. Acá hay un interés político”, dijo Alcón.

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