Analistas ven que la Fiscalía no mide con la misma vara a los gobernadores de Santa Cruz y Potosí

En Santa Cruz, los allanamientos a las oficinas de un gobernador opositor se realizaron a los cinco días de una denuncia de un asambleísta del MAS. En Potosí, la denuncia de opositores contra el gobernador oficialista lleva dos meses sin imputación

Publicado: 22/03/2022 16:55
Este martes la Fiscalía realizó un allanamiento a la Gobernación cruceña

Para los analistas políticos José Rafel Vilar y Franz Flores, la Fiscalía no actúa con la misma celeridad en denuncias contra los gobernadores de Potosí y Santa Cruz. Mientras que la Fiscalía tardó cinco días en intervenir la Gobernación de Santa Cruz ante una denuncia del jefe de bancada del MAS, en Potosí, el gobernador Jhonny Mamani (MAS), no ha sido imputado, pese a que se ha demostrado que su administración firmó un acta de recepción por 41 ambulancias que nunca llegaron al país.

“No hay la misma celeridad en el trabajo de la Fiscalía. En el caso de Santa Cruz, la denuncia es reciente y ya actuó. En el caso de Potosí, la denuncia lleva más de un mes en el que se ha involucrado, dejado de involucrar y se ha vuelto a involucrar al gobernador”, describe el politólogo Villar.

Los hechos

Según cuenta Azucena Fuertes, asambleísta departamental de Potosí, la denuncia contra Mamani se presentó el 21 de enero, en contra del gobernador Mamani y posibles autores, y pese a al tiempo transcurrido y un informe desfavorable de la Contraloría no hay imputación desde la Fiscalía. “Ni siquiera se ha imputado a quienes firmaron la recepción de las 41 ambulancias el 31 de diciembre sin haberla recibido están detenidos, mucho menos imputados. Esto avanza a pasos de tortuga”, se queja la asambleísta de UN.

El caso se remonta a 2021, cuando en el marco de la tercera ola de coronavirus, la Gobernación de Potosí contrató por emergencia la compra de 41 ambulancias por Bs 20.5 millones. La empresa que se adjudicó el contrato presentó un NIT que no le pertenecía y pese a que no cumplió con el plazo de entrega, fijado para el 31 de diciembre, funcionarios de la comisión de recepción de la Gobernación de Potosí, firmaron un documento en el que certifican que la institución estaba en poder de los vehículos y que se hizo una revisión técnica de cada uno de ellos, verificando que cumplían con lo solicitado.

Las ambulancias aún no están en el país y esta semana se reportó su arribo al puerto de Iquique, en Chile.

En el caso cruceño, la denuncia data del 17 de marzo. El denunciante es Clemente Ramos, jefe de bancada del MAS en la Asamblea Cruceña. Según el representante de Yapacaní, el gobernador Luis Fernando Camacho, cometió los delitos de resoluciones contrarias a la ley, incumplimiento de deberes y manipulación informática al promulgar y publicar un decreto en el que delegaba parte de sus funciones a un secretario al encontrarse de viaje, restándole competencias al vicegobernador, que según estatuto debe suplirlo en ausencia.

Este martes al mediodía, solo cinco días después de presentada la denuncia, la policía y la Fiscalía allanaron las oficinas de la Gobernación cruceña, buscando pruebas de estos delitos denunciados.

Camacho no quiere respetar el estatuto autonómico. Pisotea el estatuto y la democracia, el voto del pueblo cruceño. En su viaje, debió dar el mando al vicegobernador, así como hace el presidente Luis Arce que públicamente le entrega el bastón de mando al vicepresidente Choquehuanca cuando viaja”, dice Clemente Ramos.
Consultado si no hay desproporcionalidad en la forma de actuar de la Fiscalía en los casos de Santa Cruz y Potosí, el asambleísta del MAS asegura que sólo está cumpliendo con su trabajo de fiscalización.

La Asamblea Legislativa cruceña está compuesta por 28 curules, 11 corresponden a Creemos, el partido del gobernador Camacho; 11 corresponden al MAS, cinco son curules indígenas y hay un representante de una agrupación ciudadana de alcance departamental.

En Potosí, el alcance de la fiscalización de la oposición al MAS. De los 32 representantes de la Asamblea Legislativa, sólo cinco son opositores. “Siempre manda la mayoría”, dice la potosina Azucena Fuertes cuando se le consulta si se ha impulsado alguna tarea de fiscalización desde el legislativo potosino.

Lo político

Para José Rafael Villar, el caso potosino podría definirse como mala gestión, ya que no comprobó que los documentos que presentó la empresa que importaría las ambulancias fueran correctos ni verificó su llegada. “Todo eso es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva”, dice, en alusión al gobernador Jhonny Mamani.

Franz Flores, doctor en ciencias políticas nacido en Potosí y afincado en Sucre, explica que la fortaleza de Jhonny Mamani radica en que se ha alineado al bloque del MAS liderado por el presidente Luis Arce. “El Gobierno teme que encarcelando al gobernador se genere un vacío de poder que pueda hacer implosionar al MAS en Potosí, donde los bloques regionales son bastante duros”, explica Flores.

No es el único motivo. El catedrático de la Universidad San Francisco Xavier añade la capacidad de presión regional ha disminuido mucho en Potosí. “Prácticamente no existe: hay un expresidente cívico en la cárcel y otro declarado en la clandestinidad. La única entidad que podría presionar es el Comité Cívico y está congelado”, explica.

En el caso cruceño, para Vilar, el caso del decreto de delegación de funciones no ayuda a Camacho, porque demuestra que dentro de su equipo hay posiciones muy encontradas, como con el vicegobernador, además de superposición de decisiones que van en contra del estatuto departamental. “Este caso no lo beneficia para nada, perjudica la imagen de la gestión”, sentencia.

Para Flores, Camacho tiene músculo político para absorber el golpe, pero debe dejar cometer este tipo de errores, porque dan cuenta de que “sus alianzas no están funcionando al dejar al aire” al vicegobernador. “Camacho no logra alianzas ni duraderas ni confiables”, dice el politólogo, que recuerda que también tuvo problemas con Marco Pumari, que fue su candidato a vicepresidente en las elecciones generales de 2020.

Sin embargo, Flores matiza los efectos de este caso. “A Camacho no lo votan ni por buen gobernante ni por orador, sino por ser el que derrumbó a Evo Morales. Camacho condensa la identidad del cruceño, es el representante de lo camba y eso lo hace fuerte de cara al votante. Pero debe dejar de meter la pata. Todo tiene sus límites”, analiza.

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