16 de noviembre: la fecha de un censo truncado y el día 26 de paro en Santa Cruz

Este miércoles Bolivia debía estar paralizado a la espera de la llegada de los empadronadores. El 21 de julio de 2021 el presidente Luis Arce informó que el gabinete había aprobado el Decreto Supremo 4546 para que el Censo de Población y Vivienda se ejecute este miércoles 16 de noviembre y garantizó los recursos económicos.

Sin embargo, la realidad es otra. Santa Cruz cumple el día 26 de “paro indefinido” para exigir que el Censo se desarrolle en 2023, en medio de una tensión que agobia al Gobierno, que no logró aplacar las protestas pese a que ya promulgó otro decreto para que la encuesta se desarrolle el 23 de marzo de 2024.

No es solo cuestión de fechas. La molestia de Santa Cruz y otras regiones tiene base en el compromiso que había sentado el gobierno de Arce sobre la ejecución de la encuesta nacional.

Pero además emerge la preocupación sobre la demora en la redistribución de recursos económicos y un nuevo diseño de los escaños parlamentarios para las elecciones de 2025, todo con base en los datos del nuevo censo.

“Nuestro Gobierno, como comprometió garantiza el financiamiento y respaldo institucional para realizar el Censo Nacional en noviembre 2022”, escribió en ese entonces el mandatario en su cuenta de Twitter.

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El director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Humberto Arandia, y la entonces ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, también habían garantizado la realización del empadronamiento este 16 de noviembre.

Sin embargo, y de forma sorpresiva, el Gobierno convocó al Consejo Nacional de Autonomías (CNA) el 12 de julio de este año y tras esa reunión anunció que este proceso se postergaría hasta mayo o junio de 2024 y promulgó el Decreto Supremo 4760, lo que detonó las protestas.

En medio de la creciente molestia. Arandia del INE renunció, pero el Gobierno decidió mantenerlo en su cargo con bajo perfil. En tanto, Sergio Cusicanqui fue posesionado en lugar de Mendoza.

De manera paralela, el Comité Pro Santa Cruz, la Gobernación, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y otras instancias gestaron el Comité Interinstitucional por el Censo 2023, que llamó a un cabildo para el 30 de septiembre.

La reunión fue clave y determinó conminar al Gobierno a establecer que la encuesta se desarrolle el próximo año, caso contrario se activaría un paro indefinido desde el 22 de octubre.

“El mismo solo se suspenderá cuando el Gobierno publique la fecha del Censo el 2023”, señaló el líder cívico Rómulo Calvo.

Al filo del plazo, el Gobierno buscó acercamientos. En el primer día del paro, el Gobierno y los líderes cruceños instalaron una mesa de diálogo, que al final no prosperó. Era el primero de varios intentos de solución que terminaron en cruces verbales y acusaciones mutuas sobre la “politización” del asunto.

Al final, el Gobierno decidió convocar a un comisión técnica que se reunió en Trinidad desde el 5 noviembre. Horas antes, el presidente Arce anunció que la conclusión de esa mesa será vinculante y subrayó que el censo debe ser inclusivo en alusión a la posibilidad de elegir una fecha en medio de procesos de migración interna debido a la cosecha de castaña y otros productos de norte del país.

Pero también Arce aprovechó para apuntar al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. “El tema del censo, lamentablemente, género un abordaje político, habida cuenta que no solamente se utilizó como un instrumento de desestabilización del Gobierno, sino también busca derrocarlo”.

La mesa técnica concluyó su trabajo en la madrugada del 9 de noviembre y sugirió que el censo se desarrolle entre marzo y abril de 2024.

Sobre esa base, y horas antes del segundo cabildo por el Censo que convocó el Comité Interinstitucional para el domingo 13 de noviembre, Arce promulgó el Decreto Supremo 4824 con el fin de zanjar el conflicto, pero no fue así.

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En la concentración de los movilizados cruceños se aprobó el análisis de un nuevo “relacionamiento con el Estado” y se definió continuar con el paro. En ese ínterin, surgieron propuestas de federalismo que generaron otro foco de intenso debate y cruce de acusaciones entre el oficialismo y la oposición.

Luego, las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos se reunieron con el Comité Interinstitucional para diseñar un proyecto de ley que garantice el censo en 2023 y la distribución de escaños para los comicios de 2025.

Por su lado, el MAS ha presentado otro proyecto para refrendar el último decreto del Gobierno que fija el censo en 2024 y garantizar el diseño de los escaños para 2025.

Analistas concuerdan que la solución del conflicto pasa por la voluntad política para ceder posiciones y renovar compromisos.

En tanto, la tensión no se ha disipado. A la fecha, según el Gobierno, cuatro personas han perdido la vida en medio del conflicto y decenas resultaron heridas. Ambos bandos cruzan acusaciones por este tema.

Productos de los enfrentamientos y la toma de la COD y la federación de campesinos cruceños, 17 personas fueron aprehendidas de las cuales 15 fueron liberadas este martes.

La población se pregunta si hay una luz al final del túnel.