Un Estado Plurinacional que privilegia la riqueza sólo de sus adeptos y se olvida del 92% de los bolivianos

Se ha estado discutiendo los últimos meses, acerca del modelo económico implantado desde el 2006 y su agotamiento. Al respecto, una de las principales críticas al modelo es el elevado y crónico déficit fiscal, y el mal uso que se da a esos recursos. Es claro que una familia no puede vivir eternamente feliz gastando más de lo que tiene, y peor aún si ese dinero ni siquiera es suyo; será que el Estado, ¿si puede?

En este contexto, debemos apuntar una idea que en esencia es muy importante. El déficit elevado significa una mayor apropiación del excedente generado por los ciudadanos que es nociva para su economía. Esto, porque el Estado no puede generar riqueza por sí mismo, sino que para gastar o invertir en algo, debe quitarle ese dinero a alguien. Por supuesto, hay maneras aceptables y legales de hacerlo, como el cobro de impuestos y otras formas. Pero para el caso boliviano, hasta esto es muy discutible, en vista de que que son muy pocos los que efectivamente pagan impuestos y son muy escasos y discutibles los resultados en cuanto a su utilización.

Podemos citar algunas características de este sistema de recaudaciones o de apropiación del trabajo y el excedente de los ciudadanos: sólo 100 empresas pagan más del 60% de toda la recaudación tributaria, el 1,17% del padrón de contribuyentes aportan con el 62% de la recaudación, la recaudación de La Paz y Santa Cruz alcanza al 80% del total de la recaudación, sólo 450 mil personas cuentan con un NIT (menos del 10% de la población económicamente activa), y, pero aún, toda la recaudación apenas si alcanza para cubrir los sueldos y salarios de las 550 mil personas que trabajan para el Estado. La conclusión nefasta que este modo de apropiación del excedente es que, al Estado no le alcanza esta recaudación para invertir en las necesidades de la gente (salud, educación, carreteras y otros). En otras palabras, con el pago de nuestros impuestos mantenemos a esa burocracia estatal diseñada para cubrir sólo las necesidades de los políticos de gobierno y la élite que los apoya.

La idea de un sistema impositivo, es que sea universal (todos deberían pagar impuestos, por lo menos de acuerdo a sus posibilidades), pero, además, este sistema debe otorgar las condiciones mínimas para que la recaudación sea justa, proporcional y neutra (sin preferencias ni favoritismos), pero, también, eficiente y útil para la sociedad. Esta última característica implica, además, la facilidad y simpleza del sistema para que pueda efectivamente cobrar impuestos a todos. Pero resulta que Bolivia, además de todo lo mencionado, es considerada como un infierno fiscal. Se sabe que ocupamos el puesto 186 de 190 países respecto al ranking mundial sobre el pago de impuestos. En el país se pagan impuestos en 42 oportunidades en el transcurso de un año, cuando en México se paga 6 y en Perú 8 veces. Pagar impuestos en Bolivia, implica un esfuerzo de 1.025 horas al año, mientras que en Costa Rica son sólo 151 y en Perú 260 horas, por poner algunos ejemplos.

Es claro que este modo de apropiación legal del excedente debe reestructurarse, promoviendo una simplificación de trámites y de impuestos, una reducción de éstos últimos y, en general, una modernización del sistema tributario. La razón es evidente y la reiteramos, no es posible que nuestros impuestos sólo sirvan para mantener a la élite que gobierna, y encima debamos ser castigados, perseguidos, extorsionados y perjudicados por un sistema agotado e injusto, y prácticamente sin ningún verdadero beneficio para los bolivianos.

Por otra parte, no podemos dejar de mencionar que el cobro de impuestos, no es la única manera “legal” de apropiación del excedente de los ciudadanos. La deuda pública, compuesta por la deuda interna y externa es otra de las modalidades para extraer el excedente económico o la riqueza de nuestra sociedad, pero con un aditamento especial. Esta carga deberá ser pagada en algún momento, pero no afecta de manera directa a nuestra generación, sino que, deberá ser honrada por nuestros hijos. La deuda pública que en 2006 no sobrepasaba los 6 mil millones de dólares, hoy en día supera los 30 mil millones de dólares, por lo que se habría multiplicado en más de 5 veces. Esta es la herencia que irresponsablemente dejamos a las futuras generaciones.

Por último; respecto a esta temática, la explotación y comercialización de gas natural, fue una de las principales formas de apropiarse del excedente durante los últimos 16 años. Recordemos que los bolivianos somos dueños de todos los recursos naturales, pero otra vez, ¿los bolivianos somos sólo los de esta generación, o también lo son nuestros hijos y nietos? El gobierno gastó más de 45 mil millones de dólares de renta petrolera y se olvidó de invertir en exploración, sin darse cuenta; seguramente, que el gas es un recurso no renovable, y para que su explotación y consumo sean sostenibles se requiere de la exploración. La afectación es ya conocida por todos los bolivianos, hay un racionamiento de este recurso estratégico para los productores nacionales y estamos en riesgo de perder incluso los contratos de exportación con Brasil y Argentina. Lo cierto es que no creo que tengamos el derecho de dejar a nuestros hijos sin este recurso estratégico.

Retomando lo del déficit fiscal, que ya supera los 19 mil millones de dólares desde el 2014 y que fue financiado principalmente por estas tres fuentes de apropiación del excedente, es importante preguntarnos, si este gasto excesivo puede ser en parte, justificado. Los del gobierno te dirán que su principal política fue la redistribución de la riqueza a los más pobres, que además el modelo económico es exitoso, que la economía es estable y que tiene la más baja inflación del mundo. Sin embargo, debemos preguntarnos si este discurso, las acciones del gobierno y su efecto, se parecen a la realidad.

La única manera para que un modelo sea exitoso, es que éste haya podido generar las condiciones para generar riqueza y desarrollo de manera sostenible, por lo tanto, que haya mejorado las condiciones de vida de gran parte de la población y no sólo de unos cuantos. Por supuesto, esto está relacionado a las prioridades en relación a la política económica y al modelo.

Para analizar esta última afirmación, presento un gráfico que compara desde el 2005, los gastos corrientes de tres sectores de importancia: salud, educación y empresas públicas. Estas últimas fueron desde hace muchos años, la punta de lanza de la política gubernamental; tanto es así, que ahora quieren profundizar el modelo repitiendo una y mil veces que ingresaremos a la etapa de la “industrialización”, promoviendo una base ancha de la economía. Lamentablemente, esta supuesta base ancha tendría un solo actor: el gobierno.

Pero independientemente de esto, debemos aclarar inicialmente, que los gastos corrientes se refieren a todo lo que significa gastos de funcionamiento para una institución o empresa, e incluyen: sueldos y salarios, gastos de funcionamiento, de mantenimiento y reparaciones, compra de insumos, papelería, entre otros.

Del gráfico podemos distinguir varios aspectos. En lo referido a las empresas públicas (color verde), los gastos corrientes entre el 2005 y 2006 se multiplicaron en más de 5 veces, y entre 2021 y 2022 se incrementaron de manera importante en más de 14 mil millones de bolivianos. La variación acumulada del crecimiento del gasto corriente de las empresas públicas en estos 17 años alcanzó a 6.544%. Por otro lado, el sector de educación (color amarillo), tuvo un incremento acumulado en este mismo periodo de tiempo, de 387%; y, el sector salud, una variación acumulada de 900%.

Un detalle importante es que sólo comparando para 2022, el sector salud y el de educación juntos, tienen menor gasto corriente que las empresas públicas, con una diferencia mayor a los 12 mil millones de bolivianos. Pero, para hacer más odiosa la comparación, sabemos que en Bolivia hay más de 15 mil escuelas y colegios y más de 180 mil maestros con ítem; y, en el caso del sector salud, más de 4 mil establecimientos de salud, 30 mil enfermeras y aproximadamente 27 mil médicos, sin contar con el personal de apoyo y administrativo. En cambio, las empresas públicas no superan 80 (número de empresas), y en ellas trabajan, no más de 16 mil empleados, ni el 1% de la población económicamente activa. ¿Le parece justo?

Pero, retornando al problema del déficit, resulta que las empresas públicas, desde el 2014 al 2022 tienen un déficit acumulado global de 51 mil millones de bolivianos. El gobierno, siempre ha reportado el déficit corriente (sin contar con gastos en inversión), que fue positivo hasta el 2021. El 2022, el déficit global de las empresas públicas, alcanzó a (-3.843) millones de bolivianos, y el déficit corriente a (-92) millones. Entonces, el gobierno, ya no podrá seguir afirmando que estas empresas son eficientes porque en realidad, despilfarran la riqueza de los bolivianos; pero, además, ¿usted seguirá creyendo que el gobierno invierte bien sus recursos? ¿seguirá creyendo que el gobierno privilegia a la mayoría de los bolivianos, o sólo a la logia con los que gobierna y a sus amigos?

Debe quedar claro para todos los bolivianos que las prioridades del gobierno no son la salud, ni la educación, pero sí empresas públicas que nos empobrecen.

Todos los bolivianos debemos decidir si seguiremos apoyando a un gobierno y su modelo económico, que privilegia a unos pocos y se ha olvidado de las grandes mayorías, a un modelo de Estado que se apropia de la riqueza de los bolivianos y a una acción pública que controla la vida de todos los ciudadanos, sus instituciones y sus regiones para reproducir el poder de pocos; o, definitivamente, promover un cambio de modelo que incentive la generación de riqueza, el empleo y el desarrollo. Si usted quiere seguir apoyando este tipo de políticas que hoy en día nos arrastraron al borde del precipicio, está en todo su derecho, pero creo que no tiene el derecho de comprometer también, el futuro de las nuevas generaciones.