Un Estado devaluado por el poder político

En la mitad de gestión del presidente Arce ya no es novedad la violación al estado constitucional de derecho. Desde la asunción de Evo Morales 2006, sin interrupciones, se viene dando una serie de violaciones que contrastan con la CPE y leyes, contra la ética y moral pública desde el poder político.

El MAS en la presente gestión terminó destruyendo la institucionalidad del Estado. El país tiene un Procurador que no posee requisitos para el cargo. Delegado del MAS en el TSE y abogado del ex presidente Morales. ¿En manos de quién están los intereses del Estado?

Un Contralor designado/prorrogado al margen de la CPE ¿cómo se realizan los controles para proteger el manejo de los recursos públicos? y un Fiscal General que proviene del Órgano Ejecutivo. ¿Quién defiende los intereses de la sociedad?

Un Defensor del Pueblo que todos los días incumple sus deberes, porque atiende lo que le interesa o imponen. ¿y los derechos violentados por la justicia a los grupos más vulnerables? ¿y los derechos humanos de María Eidy Roca y otros?

El narcotráfico avanza, no funcionan los radares, por falta de reglamento, para controlar las avionetas cargadas de toneladas de cocaína que salen del país, donde hay zonas sin presencia de Estado y ajustes de cuentas consecutivos. ¿Qué hacen las autoridades llamadas por ley? Una Policía convertida en agresora de los ciudadanos por diferentes actos y acciones. ¿Eso es gestión de Estado?

El país donde el presidente entrega vehículos de procedencia delictiva en otro país y lo que menos importa es cumplir la ley. ¿Cómo ingresan y legalizan esos vehículos? ¿Dónde está la Policía y Aduana?

La justicia convertida en un instrumento de persecución, corrupción y encubrimiento, ¿cómo se desarrolla un país en estas condiciones? Donde se devuelven coimas y muere el testigo protegido, donde se denuncia con nombre, fecha y montos de la corrupción y no se investiga.

El país donde su Asamblea Legislativa impone el voto secreto para promover el tránsfugio político y la prebenda para aprobar leyes. ¿Eso es transparencia? Donde los jueces ordinarios, desconocen la atribución privativa de la Asamblea Legislativa para juzgar ex presidentes. El Tribunal Constitucional que alteró 3 veces la CPE sin procedimiento. El país que no tiene nada que ver con los principios señalados en la CPE para el ejercicio de la administración pública (art. 232). Convertida en fuente de enriquecimiento ilícito.

Cuando se cumplen dos años y medio de gestión, el presidente manifiesta: “noretrocederemos ni un paso”. ¿Quiere decir que se seguirá destruyendo la institucionalidad del Estado? ¿Seguirá administrando un país en esas condiciones?

Bolivia es un Estado devaluado por el poder político. Solo los ciudadanos pueden salvar al país de la inmoralidad en que se encuentra.

Aviso editorial Las opiniones publicadas en la sección de Columnas de Opinión de Unitel.bo corresponden a sus autores y no son un reflejo de la línea editorial de Unitel