Como analista de la agenda legislativa y regulatoria en Bolivia, mi enfoque se centra en las normativas que impactan directamente al sector empresarial. Este monitoreo abarca desde normas del nivel central del Estado hasta de los departamentos y las ciudades capitales del eje central del país.
La máquina legislativa en Bolivia es incansable, mostrando un desempeño variado: en algunos sectores opera con precisión, mientras que en otros, su eficacia deja mucho que desear.
Un aspecto positivo es la transparencia con la que se manejan cierta información. La Gaceta Oficial del Estado, junto con el Servicio de Información del Estado Plurinacional (SILEP), son herramientas valiosas para seguir el rastro de leyes modificadas, abrogadas o derogadas.
Sin embargo, en contraste con esta apertura, otras entidades estatales muestran una falta preocupante de transparencia. Las carteras gubernamentales no siempre publican las resoluciones ministeriales con la prontitud requerida o simplemente no lo hacen. Este vacío informativo nos obliga a recurrir a una especie de trabajo detectivesco, buscando resoluciones en páginas web y hasta en redes sociales, sin garantía de obtener información fidedigna.
La desactualización de los portales de diversas entidades gubernamentales limita y a veces restringe el acceso a información crucial, a pesar de la obligación legal de divulgar las normativas emitidas.
No todo es negativo. Instituciones como la Aduana Nacional y el Servicio de Impuestos Nacionales se destacan por su diligencia en publicar circulares y normativas respectivamente, abarcando áreas críticas como el comercio exterior y las obligaciones tributarias. Además, la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (AGEMED) merece un reconocimiento especial por la actualización diaria de su portal, brindando acceso a regulaciones esenciales en el sector salud.
Más allá de la mera emisión de normativas, es crucial destacar la importancia de la calidad y el impacto de estas. Algunos municipios y departamentos sobresalen por emitir regulaciones que benefician directamente a sus jurisdicciones, como es el caso de Cochabamba, cuya gestión normativa abarca desde la regulación urbana hasta el fomento del sector empresarial.
Estas acciones contrastan con municipios y departamentos que se limitan a promulgar reconocimientos y distintivos, sin que emitan regulaciones técnicas, propositivas o efectivas. Un tema recurrente en Bolivia es la tendencia a publicar normas que son más declarativas que normativas, a menudo sin el consenso de sectores clave, como el empresarial.
Aunque se celebra la emisión de leyes que fomentan las alianzas público-privadas en los principales municipios y departamentos, es lamentable la falta de seguimiento en la implementación de estas normas. Estas alianzas podrían ser herramientas vitales para reducir gastos gubernamentales, confiando en la iniciativa privada y asumiendo riesgos compartidos.
Normar sin publicar es tan perjudicial como legislar sin un propósito definido. Bolivia necesita un marco legislativo y regulatorio que no solo regule, sino que también facilite y fomente un desarrollo empresarial sostenible, transparente y participativo.
De cara al 2024, como regalo para el país, solo espero que nuestros funcionarios públicos: aseguren la publicación oportuna de las normas que emitan; promuevan regulaciones con un propósito claro y funcional; fomenten la participación de la sociedad civil en la formulación de estas leyes y otras normas, en especial con el sector privado; y efectivicen las alianzas público-privadas.