La palabra corrupción viene del latín - com, que significa “con, juntos,” y rumpere, que significa “romper”. Ese rompimiento, esa fractura de la sociedad boliviana la estamos presenciando hoy en carne propia, no solo con el descubrimiento de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, privados y religiosos, sino también con muertes extrañas, como la de un testigo protegido, y este sábado 27 de mayo, con el fallecimiento del interventor del Banco Fassil.
En la antigüedad, el filósofo, político y escritor romano, Marco Tulio Cicerón, dijo que “Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable.” Criminal y abominable son precisamente las acusaciones contra cuatro ministros del presidente Luis Arce, que en dos años y medio de gestión han sido atrapados por esa telaraña.
El último en ser descubierto fue Juan Santos Cruz, exministro de Medio Ambiente y Agua quien con el dinero de los sobornos a empresas constructoras por concepto de adjudicación de obras, compró al menos dos haciendas, un frigorífico, cuatro camionetas de lujo y 27 inmuebles, en Cobija, Santa Cruz y Tarija, valuados en unos Bs.19 millones, según la Fiscalía de La Paz.
Se suma a otros tres casos que en orden cronológico, se tiene que el 1 de diciembre de 2020, el entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, fue destituido de su cargo después de conocer que contrató a su pareja extramarital, Fabiola Gutiérrez, como jefa de gabinete. En su reemplazo ingresó Edwin Characayo, pero cuatro meses después, el 14 de abril de 2021, la Policía aprehendió en flagrancia a Characayo cuando recibía $us 20.000 para no revertir la propiedad “El Triunfo II” en el departamento de Santa Cruz. Sin embargo, las investigaciones indicaban que ese monto de dinero era un adelanto de $us 380.000 que pretendía cobrar.
El 12 de noviembre de 2021, el entonces ministro de Educación, Adrián Quelca renunció a su cargo después del proceso penal que se abrió en su contra porque presuntamente instruyó, mediante mensajes de WhatsApp, perjudicar o favorecer a determinados postulantes a cargos directivos del sistema educativo. La fiscalía lo imputó por el delito de incumplimiento de deberes y pidió su detención domiciliaria mientras se realizaba la investigación. Empero, el 14 de julio de 2022 esa misma instancia judicial determinó su sobreseimiento.
En otro caso escandaloso, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño también fue cuestionado por los hechos de soborno que se registraron en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), dirigida por Henry Nina, dentro del proceso de adjudicación de la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez. Un testigo protegido reveló los hechos y luego apareció muerto en forma misteriosa.
Pero la corrupción también salpica a los privados tras el cierre del Banco Fassil y revelarse que los ejecutivos, ahora detenidos, ganaban 60 mil dólares mensuales y que habían autorizado créditos de 580 millones de dólares, dejando en la calle a 4.600 trabajadores y en la incertidumbre a miles de ahorristas que no saben si van a recuperar su dinero. Y lo más extraño ha sido la muerte del Interventor de la ASFI al caer de un edificio en Equipetrol.
Y a la Iglesia Católica, tras el reportaje “Diario de un cura pederasta: ‘Hice daño a demasiados’” publicado por El País de España el 29 de abril de este 2023, en el que se cuenta la terrorífica historia del sacerdote jesuita español Alfonso Pedrajas (+) que entre los años 70 y 80 abusó y violó de al menos 85 niños. Y que en la apertura de la investigación se ha descubierto la existencia de al menos una decena de casos de sacerdotes implicados en pedofilia y pederastia.
La podredumbre a todo nivel que no ha faltado un político que ha propuesto proponerle a la Inteligencia Artificial cuál puede ser la solución.