Grupos de violentos están volviendo a ganar espacio en el fútbol nacional, mimetizados entre ‘barras bravas’ de algunos clubes. En este año, han sido protagonistas de agresiones a periodistas, jugadores, incluso en un incidente internacional que cobró, lamentablemente, una vida. ¿Se tomarán acciones al respecto? La pelota está en la cancha de las autoridades gubernamentales y deportivas.
Ante la proximidad de las elecciones nacionales, el fútbol parece haberse convertido en una vitrina para que ofrezcan sus servicios estos ‘barras bravas’, un eufemismo para evadir llamar por lo que son a pandilleros que lo mismo reparten poleras como puñetes, según sea el encargo de quienes los contratan para que hagan el ‘trabajo sucio’ en las campaña proselitistas.
Entre la temeridad y la ingenuidad se mueven esos directivos de clubes que creen tenerlos bajo control porque les financian viajes, les dan entradas, a cambio de tenerlos de su lado para cuando se trate de movilizar votantes para elecciones o amedrentar a los socios e impedir comicios, también para silenciar críticas desde las gradas o incluso para, convenientemente, dejar puertas abiertas para que amenacen a los futbolistas en las rachas adversas y así desviar las responsabilidades por las derrotas.
Y así como algunos directivos de clubes incurren en ‘pecado de acción’, también hay un ‘pecado por omisión’ de las autoridades gubernamentales y deportivas, que no adoptan acciones para poner freno a esta lacra. En Europa, los gobiernos implantaron medidas para identificarlos y alejarlos de los estadios, también ampliaron las multas y tiempo en prisión para los violentos y para sus cómplices.
Es un problema del fútbol, pero la solución demanda la intervención del Estado. No son un mal necesario. Son un mal que se debe extirpar. ¿Acaso tiene que lamentarse la pérdida de otra vida para recién actuar?