El pasado 15 de marzo, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) eligió como su presidente a Giovanni Ortuño Camacho, un destacado empresario ligado al área de las telecomunicaciones, quien tendrá la responsabilidad de dirigir los destinos de la institución por los siguientes dos años. Ortuño fue postulado por 14 de las 26 entidades acreditadas y, posteriormente, recibió el apoyo unánime del conjunto de instituciones empresariales participantes en la Asamblea Ordinaria, lo que muestra un gran respaldo y al mismo tiempo un desafío mayor, especialmente en el escenario complejo que se vislumbra para el futuro inmediato.
En su presentación, el nuevo Presidente, afirmó que la entidad va a continuar contribuyendo a la reconstrucción económica del país, la producción y la creación de empleos, pero también advirtió que el sector necesita tener garantías y certidumbre jurídica y social, más espacios de diálogo público privado y el fortalecimiento del Estado de Derecho, para alcanzar estos objetivos. Entre los temas urgentes que deberá enfrentar la gestión, mencionó al contrabando, la política laboral, la desprotección y desincentivo de la inversión privada y la necesidad de realizar ajustes a la política económica vigente.
No le falta razón a Giovanni Ortuño, aunque es evidente que el empresariado boliviano tendrá que enfrentar al mismo tiempo otras dificultades aún más complejas como el impacto de la inminente crisis económica; la confrontación política creciente; la eventual adopción de medidas desfavorables al sector; el aumento de las tensiones y los conflictos sociales; y los efectos perniciosos de rumores y pronósticos apocalípticos que buscan alimentar la desconfianza ciudadana.
Quizá el mayor problema para la gestión de la CEPB sea la persistencia del gobierno --y de ciertos sectores políticos-- en evadir el diálogo público privado y su negativa de construir, en consenso, una agenda nacional que permita encarar los problemas actuales y los que se avecinan. Esta incomprensible actitud ha dejado de ser un estilo de gobierno y se convirtió en una traba para el país, porque alimenta la incertidumbre, incentiva la conflictividad y acrecienta la indefensión del sector que produce, genera empleo, y provee recursos al Estado con las exportaciones y los impuestos.
En países como Argentina, Brasil, Chile, México o Perú, que enfrentan problemas económicos y donde hay tensiones evidentes entre el gobierno y los empresarios, el diálogo público - privado es un espacio natural, recurrente e incluso instituido formalmente, y aunque no lo parezca también lo fue en el pasado reciente de Bolivia. De hecho, en 2017, el gobierno y la CEPB decidimos la creación del Consejo Económico Productivo, proyecto que fue materializado en 2019 con el nombre de Consejo Nacional de Desarrollo Productivo. Lamentablemente la iniciativa se truncó por los conflictos de ese tiempo y la falta de voluntad política actual.
Otro desafío que deberá asumir la nueva directiva es la urgencia de conducir a un empresariado nacional heterogéneo y debilitado por coyunturas internas y externas, hacia el proceso de transformaciones globales caracterizado por la acelerada tecnificación, los ajustes en el sistema económico financiero mundial, los nuevos problemas emergentes del reacomodo geopolítico y las crisis socioambientales. En este ámbito los problemas principales pueden reflejarse en la pérdida de competitividad, el retraso tecnológico, el acceso al crédito, la afectación de la industria agropecuaria y una mayor reducción del empleo digno.
La prematura electoralización del país es otra mala noticia para los planes del sector, porque de nuevo la agenda económica y productiva, y los temas nodales como el empleo y la inversión, puede quedar relegados en la agenda nacional, frente a una competencia entre grupos, facciones y liderazgos que alternadamente buscarán la desacreditación del oponente o la ingobernabilidad, apelando a medidas populistas o al conflicto.
Sin duda que el escenario es difícil para la institucionalidad empresarial, sin embargo, también hay fortalezas y oportunidades. Un sistema financiero sólido, una generación de jóvenes emprendedores con mucha iniciativa, energía y formación, las potencialidades desarrolladas por la industria manufacturera y la agroindustria, las vocaciones productivas de las regiones, la entereza de las organizaciones empresariales e incluso el bono demográfico, son herramientas potentes que nos permiten un optimismo racional, aún en medio de las vicisitudes y la incertidumbre.
El desafío es inmenso y las perspectivas poco alentadoras, sin embargo, la CEPB siempre ha sabido encarar las dificultades con mucha lucidez y valentía, y no dudamos que ahora transitará por el mismo camino. Le deseamos el mayor de los éxitos al presidente Ortuño y su equipo y le aseguramos que no estarán solos.