La desinstitucionalización del Estado no está la margen de la ineficiencia e incumplimiento de la ley. Los conflictos por el Censo fueron provocados por quienes tienen la obligación de cumplir sus competencias privativas y no lo hicieron. El gobierno dictó el DS. 4546 el 21 de julio de 2021 fijando fecha de realización del censo el 16 de noviembre de 2022. Nada de ello ocurrió. El INE y el gobierno incumplieron sus deberes. La desconfianza en el gobierno y el INE persiste.
El centralismo sigue apostando al control de regiones y líderes que defienden los valores fundamentales y luchan por recuperar el estado constitucional de derecho, capturado por el poder de turno. Bolivia es un Estado moralmente devaluado por sus gobernantes.
Santa Cruz exigió CENSO 2023 y demostramos porqué la fecha del censo es importante por dos elementos: primero, los trabajos de las etapas pre censales deben posibilitar un censo de calidad, donde todos seamos censados. Segundo, la aplicación de los datos para el año 2024, tanto para distribución de recursos económicos como para representación política.
El gobierno nacional dictó el DS. 4760 el 13 julio 2022, sin informes ni mesas técnicas, y definió que el censo se realice hasta el mes de mayo o junio de 2024, y que el INE fije la fecha específica de realización. El INE informó el 15 de agosto de 2022 que los resultados preliminares saldrían en un año, a partir de la realización del censo (2025) y los definitivos en dos años (2026). Resultaba imposible aceptar esta aplicación de datos.
El rechazo al DS. 4760 (censo 2024) y aplicación resultados el año 2026 fue inmediato, y se presentó la propuesta de realización del censo en junio del año 2023 con sustento técnico para debatir. El gobierno y el INE solo hacían reuniones para dejar pasar el tiempo y que el censo se vuelva imposible realizar el 2023.
El Gobierno mediante DS. 4824 del 11 noviembre del 2022 definió la fecha del censo 23 de marzo de 2024. Un Decreto con vacíos jurídicos en su efectividad, cuando fija un solo día para el censo urbano y rural, y establece conceptos erróneos sobre resultados preliminares, cuando todos los datos que emite el INE son oficiales. No incluye la aplicación para el cumplimiento del art. 146.V de la CPE que es un derecho político a los curules y que es directamente aplicable.
Finalmente, se dictó la ley 1492 el 02/12/2022 y se establece que la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir del mes de septiembre de la gestión 2024, y la distribución de escaños, se aplicaría en las próximas Elecciones Generales (2025/2030) en el Estado Plurinacional.
El CONSEJO NACIONAL DE AUTONOMÍAS ES DISTRACTIVO, por las siguientes razones:
a) aprueban el trabajo del INE sin ningún análisis técnico, cuando el INE fue el mismo que no hizo absolutamente nada de su trabajo para cumplir con el DS. 4546 y realizar el censo el 16 noviembre de 2022,
b) aprueban que el INE es el único que emite estadísticas oficiales, cuando el art. 300.I numeral 11 de la CPE establece como competencia exclusiva de las gobernaciones las estadísticas departamentales.,
c) la realización del censo el 23 marzo de 2024 están garantizados que por el DS. 4824 y la aplicación de resultados en septiembre de 2024 por la ley 1492. Fruto de todo el esfuerzo y reclamo de las regiones.
El acuerdo suscrito en el Consejo Nacional de Autonomías desconoce la competencia de las gobernaciones al establecer que es el INE el único que realiza estadísticas
oficiales. Solo tiene valor entre ellos porque la CPE define las estadísticas departamentales. Las gobernaciones, que “suscribieron” el acuerdo, solo tendrán que ejercer 35 competencias y no 36 que señala la CPE. Que paradoja: El Consejo Nacional de Autonomías cercena las autonomías de las gobernaciones.
La realización del Censo está garantizado por Ley y por Decreto, después del último censo 2012, ya no habrá ciudadanos bolivianos y estudiantes universitarios que NO reciban sus recursos de coparticipación y NO tengan representación política, y el Estado no seguirá planificando con datos y necesidades de hace 12 años.
Nuestros argumentos siempre fueron válidos, ante un flagrante incumplimiento de deberes por parte del gobierno y del INE, cuyos objetivos era burlar los derechos fundamentales y políticos de los bolivianos.