La CPE es una carta de garantías aprobada para proteger a los ciudadanos frente a los actos del poder. El sistema de gobierno es republicano porque se sustenta en la democracia directa y representativa. La directa conforma el órgano ejecutivo (voluntad ciudadana parcial – gana con 50+1) y la representativa es el legislativo que se conforma por la voluntad de todos los electores. (mayorías/minorías). La democracia indígena se ejerce por su libre determinación.
Negar las atribuciones del Legislativo es negar la soberanía del pueblo. Puesto que la única representación de todos los ciudadanos se encuentra en el Legislativo, que constituye la expresión de las urnas.
El gobierno del MAS transita de fracaso en fracaso en políticas de Estado. Justicia y corrupción, porque tiene un común denominador: Coloca al ratón a cuidar el queso.
La administración de justicia está destruyendo la institucionalidad democrática, al fallar trastocando la CPE y anular atribuciones del Legislativo promovidas por el Ejecutivo. La justicia por encima de la soberanía del pueblo.
Un ministro el 28 de julio 2023 presentó un recurso constitucional para anular su censura, cuando esa es una atribución legislativa ejercida por mandato de la CPE. Acto de interpelación donde el demandante asistió voluntariamente.
La justicia está destruyendo el estado constitucional de derecho.: El fracaso de la reforma judicial se encuentra en el funcionamiento del Ministerio de Justicia. Un Ministerio que apoya los fallos para seguir detentado el poder. Ahora el Ejecutivo ya concentra el poder de otros órganos: No permite ser fiscalizado.
Los fallos promovidos por el Ministerio de Justicia están permitiendo la preparación de un gran cuoteo de la justicia al margen de la CPE, con elecciones o sin elecciones judiciales. El cuoteo necesita de participación política: Bancadas políticas de mayorías /órgano judicial. La Justicia seguirá en manos de los políticos.
El País ya No se rige por la Constitución, incluidas sus leyes, se rige por fallos. Esto significa que el gobierno ha judicializado la democracia y el poder.
Otro ejemplo; La lucha contra corrupción es un fracaso, porque el acusador (Ministerio de Justicia/Viceministerio de Transparencia) asume un rol inconstitucional de investigar y ser acusador, cuando esto corresponde al Ministerio Público y los jueces. Coloca al ratón a cuidar el queso.
En materia de administración pública el Órgano Ejecutivo es quién administra gran parte los recursos y no los ciudadanos. El denunciado por corrupción es el que puede investigar y acusar. Casi siempre lo hace con beneficio de inventario. El rol ilegal del Ministerio de Justicia sometió al rol constitucional del Ministerio Público.
El Procurador, otro que debería defender los intereses del Estado, ejerce el cargo al margen de la CPE, porque para ser contralor se requiere no tener militancia política, los mismos requisitos que para ser magistrado del TSJ.
Así en otras políticas de Estado, como el narcotráfico, el INE, los recursos de la Gestora, el contrabando, las empresas estatales, ATT, ASFI, etc., carecen de transparencia y fiscalización. También el fiscalizador es el denunciado por corrupción.
Todo camino conduce a violar la CPE y al desconocimiento de la soberanía del pueblo, tal como ocurrió con el 21F. El poder político cuoteará la justicia. Los fallos se colocarán por encima de la democracia. Esto significa el fin del contrato social y la relación de los ciudadanos con el Estado.
Un gobierno es de facto cuando interrumpe el orden constitucional con el uso de la fuerza policial/militar. También es considerado de facto, cuando destruye el funcionamiento de los órganos públicos y la forma republicana de gobierno: La Asamblea legislativa, el Tribunal constitucional, el Órgano judicial, la Procuraduría, la Contraloría, Autoridades regulatorias, Policía, FFAA, etc.
Ya nos es solo la desinstitucionalización de los órganos, es la negación de la democracia.
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