Ha llegado a mis manos un proyecto de ley municipal que es una verdadera vergüenza. A título de ser una “ley transitoria y excepcional de regularización de edificaciones”, derrumba completamente las principales normas del Código de Urbanismo, trabajo fatigosamente construido durante años.
En sus artículos 1 y 2 declara ya sin ninguna ambigüedad que su fin es “regularizar las obras que no se enmarcan en las normas del Código de Urbanismo”. Inaudito.
Es normal que estos “perdonazos” sean para quienes ejecutaron obras sin proyecto aprobado, dándoles la chance de presentar a posteriori su proyecto, o para eliminar multas y sanciones, o por último perdonar sanciones por detalles como dimensiones de ventanas o de ambientes, pero no, la ley establece claramente en su art. 9 llamado “márgenes de tolerancia” que se regularizará cualquier incumplimiento al Código, incluso referido a niveles adicionales de piso, incumplimiento de retiros e incluso superación del índice de aprovechamiento, es decir los controles mas importantes del Código. La frase que se usa es “Se regularizará con el excedente existente” es decir se aprobará la ilegalidad sin aplicar el Código.
Este proyecto de ley “regularizará” construcciones que se comieron el retiro frontal, mas allá de lo permitido, las construcciones que se excedieron en la altura y numero de pisos y hasta las construcciones que ha superado el índice de aprovechamiento, es decir esta ley atropella y pasa por encima de las principales normas del Código de Urbanismo, que es su propia ley.
Estamos ante una abrogación caprichosa y de facto del Código de Urbanismo, tal como los golpes militares abrogan las Constituciones, ni mas ni menos.
Si la Gestión y el Concejo no quieren aplicar ese Código, pues que se lo discuta y se cambie o derogue, pero no es correcto usar una artimaña como esta para legalizar lo ilegal.
Normalmente, en países decentes, se regulariza una edificación solo cuando el infractor la pone en orden, es decir de acuerdo al código, y se le perdona multas e intereses. Es mas, casi en todos los países o se demuele, o se le cobra un impuesto adicional o multa anual por cada año en que subsista la infracción. Al final, al dueño le conviene demoler lo ilegal y ponerse en orden.
En nuestro caso, pareciera que el motivo principal de esta medida no sea regularizar las construcciones, sino inventar un sistema mas para recaudar fondos, aunque sea yendo contra sus propias leyes.
Es verdad que la anterior gestión cometió el mismo atropello y lo denunciamos, pero no consideramos oportuno que esta nueva gestión copie las arbitrariedades de la anterior.Instamos al Colegio de Arquitectos, sociedad de ingenieros y sociedad civil a intervenir en este nuevo atropello a la ciudad y sus normas.