La acelerada deforestación ha disminuido drásticamente la humedad; la sequía y los incendios son los síntomas. Ante la considerable desaparición del bosque que regula el clima, los incendios se han agravado progresivamente, exterminando la vida silvestre y dañando la salud de la población. El fuego descontrolado en los bosques ha provocado este año un desastre nacional de gravísimas consecuencias, que ha mostrado a Santa Cruz de la Sierra como una de las ciudades más contaminadas del mundo.
Desde 2019 se han incendiado aproximadamente 20 millones de hectáreas en el territorio nacional, sacrificando la vida de millones de animales silvestres y acelerando el déficit de agua para el consumo humano, que ya está afectando a la población de varios departamentos del país. La sequía también afecta considerablemente a la producción de alimentos que sostiene la economía del oriente del país. Hay que entender a la sequía como consecuencia de la pérdida de bosques y como una variable económica clave que incide en la disminución o perdida de la producción; y esta situación puede agravarse más si no se corrigen y adecuan las prácticas de los actores económicos para lograr una agricultura y ganadería sostenible.
¿Pero por qué se ha llegado a esta dramática situación?; ¿Cuáles son las causas estructurales de este grave daño a nuestro entorno ambiental?
No desconocemos que la sequía y el aumento de las temperaturas son fenómenos globales, pero en Bolivia se han implementado políticas públicas que han acelerado la destrucción del bosque. El gobierno de Evo Morales utilizó la tierra como un mecanismo para la reproducción del poder, como un botín político para fidelizar a su base electoral y cambiar en su favor la correlación de fuerzas en el oriente boliviano.
Con ese objetivo aprobó y alineó varias leyes, decretos supremos y otros instrumentos técnico/jurídicos para que la tierra sea entregada de forma expedita, incluso cambiando su capacidad de uso mayor y liberando de trámites para la deforestación de hasta de 20 hectáreas. Esta política empezó en 2007 en el departamento de Pando, a donde se desplazaron miles de familias desde el Chapare, para dotarles 500 hectáreas de bosque amazónico por familia. Posteriormente se hizo lo propio en el departamento del Beni, el Norte de La Paz, la Gran Chiquitania cruceña, las reservas forestales de Choré, Guarayos y Bajo Paraguá. La institucionalidad agraria y forestal (INRA y ABT) se alineó al objetivo de entregar los bosques del oriente boliviano a las comunidades interculturales militantes del MAS; y se secuestró al SERNAP para silenciar a la institución responsable de proteger los parque nacionales de ocupaciones ilegales. Los territorios de los pueblos indígenas de las tierras bajas también han sufrido un daño ambiental y el acoso de los interculturales para el avasallamiento de sus derechos propietarios.
Además, tanto el INRA como la ABT, instituciones de carácter técnico, conducidas por militantes del MAS, han sido incapaces de fiscalizar el uso de la tierra, frenar los avasallamientos a la propiedad privada y monitorear el cumplimiento de los Planes de Ordenamiento Predial (POP), para hacer cumplir la protección de servidumbres ecológicas en predios particulares. Esta falta de regulación ha generado un estado de anomia y descontrol en los procesos de desmonte para la ampliación de la frontera agrícola.
Ante esta situación, qué se debe hacer para prevenir y remediar los daños a la naturaleza y a la salud de la población?
Estas son las tareas a cumplir para cambiar la situación actual y salvar nuestro entorno natural:
A.- Acciones estructurales.-
1. Suspensión por el periodo de 10 años la dotación de tierras a demandas nuevas, sin perjuicio de continuar el saneamiento en curso de los territorios indígenas demandados hasta su titulación. Esta suspensión podrá ser revisada al cumplimiento del período de los 10 años.
2. Anulación de Órdenes de Asentamiento expedidas por el INRA y prohibición de desmontes en esas comunidades nuevas, hasta la conclusión de la titulación de sus procesos agrarios de dotación.
3. Reversión a dominio del Estado de tierras de vocación forestal que fueron dotadas en la amazonia, en la Chiquitania y en reservas forestales. Esta reversión debe mediante auditorias técnicas y jurídicas a los procesos agrarios de dotación, en los cuales se hayan emitido instrumentos jurídicos que hayan cambiado el uso de forestal a uso agrícola o ganadero, especialmente en la Chiquitania. (Art. 4 y 8 de la ley 300 de la Madre Tierra).
4. Desalojo mediante el uso de la Fuerza Pública de las posesiones ilegales en las reservas forestales del Choré, Guarayos, Bajo Paraguá y de todas las áreas protegidas que han sido ilegalmente invadidas.
5. Fortalecer la gestión municipal para la defensa de los bosques en sus jurisdicciones territoriales, en articulación con las gobernaciones y la sociedad civil. Será crucial la participación de la sociedad de cada uno de los municipios para la defensa permanente de las reservas forestales y parques nacionales.
6. Institucionalización del INRA, ABT y SERNAP, por ser entidades eminentemente técnicas que deben ser gestionadas sin intereses y objetivos de poder político.
7. Abrogación de la ley 741 que autoriza deforestación de 20 hectáreas sin mayor trámite; y de otras normas jurídicas que han provocado la destrucción del bosque.
8. Revisión y monitoreo por parte de la ABT de los Planes de Ordenamiento Predial (POPs) de predios particulares, para verificar su cumplimiento en la preservación de servidumbres ecológicas, cortinas rompe vientos y protección de riberas de ríos, lagunas y otros cursos de agua.
9. Desde el Ministerio Público investigar y establecer responsabilidades penales, o las que correspondan, a autoridades y particulares que hayan incurrido en delitos ambientales en los procesos de dotación de tierras, deforestación e incendio del bosque.
B.- Acciones coyunturales.-
1. Declaratoria de Desastre Nacional, transfiriendo recursos extraordinarios para municipios y gobernaciones de jurisdicciones afectadas por los incendios.
2. Ordenar desde la Presidencia a las Fuerzas Armadas (conforme a lo dispuesto por la CPE) ejecutar las tareas de coadyuvar en la mitigación de los incendios en todo el territorio nacional.
3. Reconocimiento y apoyo logístico a las acciones de ciudadanos voluntarios que están luchando contra los incendios.
4. Solicitar ayuda internacional especializada en el control de incendios.
En la lucha por la defensa de los recursos naturales esta es nuestra última trinchera, las acciones que deben ejecutarse son cruciales e imprescindibles para cambiar el rumbo hacia el desastre y el futuro de nuestros bosques, del agua y del aire que respiramos. No es una cuestión de poder político o económico, es cuestión de nuestra sobrevivencia y la de nuestros hijos. O se ejecutan acciones urgentes o seguimos respirando humo hasta que llegue el día que nos falte el aire; el día que la lluvia no nos salve.