Hace más de un mes y medio, el gobierno de Bolivia anunciaba medidas destinadas a estabilizar o incrementar las Reservas Internacionales Netas (RIN), dado que el último reporte del Banco Central (BCB) del 8 de febrero reflejaba una realidad que había sido una constante durante los últimos 8 años: la pérdida inexorable de divisas.
De hecho, el 2014 las RIN en dólares representaban el 80% del valor total de las reservas, situación que se revirtió en la actualidad para llegar a sólo un 11% en divisas, sobre el total de las reservas. De hecho, es muy probable que los 372 MM de dólares del último registro hayan desaparecido, pese a la inyección de dólares por parte del gobierno al sistema bancario (monetización de DEGs que probablemente fueron a bancos, lo que tenían en bóvedas, encaje legal).
Para condimentar, la coyuntura actual es una acumulación de varios sucesos económicos que se dieron durante varios años, por lo que, instituciones internacionales publicaron reportes preocupantes para la economía boliviana y todos los ciudadanos.
Fitch Ratings redujo la calificación de riesgo emisor, de una perspectiva estable (B) a negativa (B-), en donde advierten un agotamiento de reservas de liquidez externa, lo que ha aumentado en gran medida la incertidumbre a corto plazo y los riesgos de estabilidad macroeconómica, volviendo vulnerable a la economía al riesgo de un shock de confianza o expectativas.
La empresa, también advierte que la perspectiva negativa refleja una mayor incertidumbre en torno a la capacidad de las autoridades para gestionar esta situación.
JP Morgan subió el riesgo país por encima de los mil puntos, siendo la primera vez que ocurre esto en nuestra historia. Debemos tomar en cuenta, además, que a principios de este año la puntuación era 564. La puntuación publicada, sugiere “una situación crítica en términos financieros”.
Moody´s Investors Service, en su informe se refiere a dos aspectos preocupantes, la “Defensa insostenible del tipo de cambio” y una “Gobernabilidad muy débil”, reduciendo la calificación de deuda senior no garantizada y de emisor a largo plazo en moneda local y extranjera del Gobierno de Bolivia de B2 a Caa1, colocando dicha calificación en “revisión a la baja”, según el reporte de 24 de marzo de 2023.
Los factores mencionados han contribuido a la disminución de la disponibilidad de dólares, que aumentaron las presiones de liquidez externa amenazando la estabilidad macroeconómica. Existe un shock de confianza
Los grandes déficit fiscales y el continuo aumento de la deuda pública que seguirán socavando la solidez fiscal y agotarán las reservas, podrían provocar el abandono del tipo de cambio fijo, lo que probablemente causaría una depreciación considerable del mismo, no quedando otra que aplicar un ajuste desordenado y costoso.
Pese a las malas noticias desde el exterior, lo cierto es que, todo parece indicar que la dilapidación de las reservas es irreversible, dado que ninguna de las políticas aplicadas por el gobierno parece tener efecto. Más al contrario, la demanda por dólares sigue subiendo y los que requieren estas divisas para transacciones cotidianas y necesarias, se encuentran desorientados al ir a los bancos y constatar que no pueden disponer de sus depósitos en dólares.
Si bien los ciudadanos comunes sentimos estos problemas como agobiantes, no quiero imaginarme qué está pensando el gobierno, ya que quisiera suponer que se encuentran preocupados y no que sólo nos digan que es un problema de liquidez más no de solvencia. Lo grave es que, cuando no tienes plata en el bolsillo empiezas a vender tus activos (tu casa, aparatos electrónicos u otros), y la iliquidez rápidamente te deja “pelado”.
Debemos apuntar que, el gobierno para este año requiere casi 1 mil millones de dólares para pagar servicios de la deuda externa, como 4 mil MM de dólares para importar gasolina y diésel, más de 2 mil MM de USD para cubrir el déficit fiscal (aunque este gasto lo puede asumir con impresión de billetes y monedas), seguramente un monto considerable para importación de insumos, bienes intermedios y bienes de capital para empresas públicas, entre otros. Lo cierto es que el consumo de carburantes no ha parado de subir; la cantidad importada entre 2022 y 2020 ha tenido un crecimiento de 191%.
Un dato interesante resulta de la comparación de la importación de carburantes entre enero de 2023 y enero de 2022 (la importación de cada uno de los meses), registrándose un aumento en cantidad de 140%, y si comparamos con enero de 2020 la cantidad habría subido en más de 370%. Por lo que podemos inferir que la cantidad importada de carburantes para este año será mucho mayor que la del año pasado. Por supuesto, esto se debe casi sin lugar a dudas al contrabando que aprovecha nuestros carburantes subsidiados para sacarlo fuera de nuestras fronteras y obtener elevadas ganancias. Esta actividad parece haberse salido de control.
Sin embargo, y dado que la demanda de dólares por el gobierno parece exorbitante, debemos preguntarnos si nuestros ingresos en divisas podrán cubrir dichos gastos. Se habla mucho de que la Balanza Comercial ha sido positiva los dos últimos años, y esa sería la fuente directa de divisas; sin embargo, también se acusó a los empresarios de no ingresar sus divisas por exportaciones al país. Lo cierto es que vivimos en una economía con libre movilidad de capitales, lo que implica que nadie tiene la obligación de invertir o gastar sus dólares en el país si no le conviene.
Las exportaciones bolivianas están constituidas en un 85% por 7 productos, lamentablemente, altamente primarizadas. En otras palabras, dependemos de la exportación de muy pocos productos y todos ellos dependen de precios internacionales -por ser materias primas-, por lo tanto, siempre estará presente el riesgo de una caída de precios que puede afectar a los ingresos por exportaciones.
El gobierno tiene control sobre las divisas que se exportan por el gas natural que le vendemos a Argentina y Brasil, aunque lo cierto es que esa producción ha venido cayendo aceleradamente, al punto de estar incumpliendo el contrato con Argentina porque ni siquiera estamos en condiciones de venderles el mínimo acordado.
El 2022 la exportación de gas fue de prácticamente 3 mil millones de dólares, aunque la cantidad redujo en 15% respecto a 2021. El estaño que vendría a ser otra fuente de divisas directa en vista de que la empresa Vinto es del gobierno, alcanzó una exportación de 514 millones de dólares. El gran problema con esta exportación es que los mineros de Colquiri y Huanuni están proponiendo ya no vender a Vinto, dado que dicha empresa tiene deudas millonarias con estos dos operadores. Pese a todo, la suma de esos dos montos no cubre ni siquiera la exportación de diésel y gasolina.
El gobierno no tiene control sobre el ingreso de dólares de las exportaciones de soya, zinc, oro, plata, plomo, otros minerales y castaña. De hecho, la fuga de divisas ha sido evidente durante ya varios años, pero especialmente en el último, debido a tasas de interés mayores en los países vecinos.
La diferencia entre exportaciones e importaciones de los últimos dos años ha superado los 2 mil MM de dólares, el ingreso de dólares por remesas superó los 2.800 MM de dólares en estos mismos años. Por lo tanto, “ingresaron” al país más o menos 5 mil millones de dólares, pero en estos dos años de gestión del presidente Arce, las RIN disminuyeron en más de 1.700 MM de dólares, por lo que la fuga de divisas podría estar alrededor de 6 mil MM de dólares. Sin duda, no creo que esto sea culpa de los analistas.
En los últimos meses, fue más notoria la escasez de dólares y las medidas del gobierno parece que sólo aceleran el proceso. Las familias están comprando dólares para preservar el valor de su riqueza y para comprar bienes importados; legal o ilegalmente, con el objetivo incluso de acumular excedentariamente algunos productos no perecederos. Lo cierto es que las familias tienen miedo a la devaluación y a una posible subida de precios. Claramente, no confían en que el gobierno y las autoridades puedan mantener su compromiso de que la divisa se venda al precio estipulado, y en los mercados informales; ahora, uno puede vender dólares a 7,05 Bs y comprarlos -si hay-, a 7,2 o 7,5 Bs cada dólar.
Solucionar este problema que las autoridades afirmaban que era coyuntural, ahora, ya no es tarea fácil. Por un lado, se requiere contener la demanda inusitada de dólares, pero los mismos del gobierno ya aceptaron que hay un problema de liquidez. Suponiendo que puedan hacerlo, tampoco parece que puedan cumplir con las obligaciones como el pago de deuda e intereses, importación de carburantes y otros. Lo cierto es que una de las pocas opciones que queda será acudir a su mejor amigo: el FMI.
Si esta institución puede prestarnos plata para solucionar el problema actual, tampoco detendrá la demanda y la fuga de divisas, sólo la calmará por un tiempo. Lamentablemente – para el gobierno-, el modelo de gasto y control de la ciudadanía y las instituciones a través del chantaje y la prebenda, parecen haber llegado a su fin. El déficit público, necesariamente deberá reducir. Lo cual significará, menor disponibilidad de moneda boliviana en los bolsillos de las familias que nos empujará a una recesión.
Como siempre, todo lo que se hizo mal recaerá en la espalda de las familias bolivianas, y especialmente en la espalda de los más pobres. Probablemente, tengan que despedir a funcionarios públicos al estilo de los “neoliberales”, cerrar o privatizar empresas públicas deficitarias o reducir gastos superfluos y salarios exorbitantes de muchos trabajadores públicos, que incluso ganan sin trabajar.
Pero ante todo, tendrán que pensar en que el Estado como partícipe principal en la economía boliviana, fue la principal equivocación que podría potencialmente llevarnos al desastre. Es hora de pensar en la gran mayoría de los bolivianos, y no sólo en sus logias de poder. Pensemos en políticas creativas que ayuden a la economía boliviana y a los más pobres, salir de esa trampa en las que nos ha obligado a permanecer. Nacionalicemos las empresas públicas, para que de verdad generen riqueza para todos los bolivianos, y no sigan provocando la sangría de recursos al Estado, y este altísimo riesgo de desestabilización ocasionado por la gran “farra” de 16 años.