El contrabando ha sido un problema persistente en Bolivia a lo largo de los años, y se ha abordado mediante diversas políticas gubernamentales. Una revisión histórico-jurídica identifica cuatro etapas anticontrabando en nuestra normativa: la lucha contra el contrabando de metales y otros productos estratégicos (1844 a 1885), el inicio del combate al contrabando (1901 a 1952), el establecimiento de la institucionalidad anticontrabando (1968 a 1987) y la nueva institucionalidad vigente (2000 al 2020).
Desde CAINCO, a través del Centro Boliviano de Economía y el Observatorio Boliviano de Contrabando y Comercio Ilícito, se ha analizado el impacto de este delito en diversos sectores. Las cifras son alarmantes, indicando que aproximadamente cada año ingresan de contrabando: $us 550 millones en alimentos y bebidas, $us 576 millones en celulares y televisores, $us 60 millones en lubricantes de hidrocarburos, $us 162 millones en productos regulados por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud y $us 56 millones en cigarrillos. Estas categorías de productos de contrabando representan $us 1.404 millones que afectan a nuestras empresas, al comercio formal y a las recaudaciones del Estado a través de impuestos y tributos aduaneros.
Es destacable el incremento de operativos realizados por la Aduana Nacional y el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando en nuestras fronteras en los últimos meses, como se evidencia en eventos como el decomiso de 24 toneladas de productos de contrabando en septiembre en Tarija, el decomiso de 45 vehículos chutos a finales de octubre y principios de noviembre, la incautación de 189 electrodomésticos en El Alto en noviembre, y el allanamiento en Santa Cruz de la Sierra con decomiso de 27 toneladas de bebidas alcohólicas y granos de soya.
A pesar de las normativas existentes y las acciones de decomiso, los resultados no son tan contundentes como quisiéramos, ya que este delito económico está vinculado a un problema estructural más amplio: la informalidad en el país. Esta situación induce al contrabando debido a la falta de incentivos para establecer emprendimientos formales, dada la presión laboral y tributaria.
Aunque el contrabando representa una amenaza para nuestra economía formal, persiste durante las festividades de fin de año, convirtiéndose además en una amenaza para la salud. El contrabando y el comercio ilícito son problemas de salud pública, según el reporte “Enfoque: el tráfico ilícito de mercancías falsificadas y el crimen organizado transnacional” de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (https://bit.ly/UNDOC-2014).
En Bolivia, se han registrado casos preocupantes, como la operación de una fábrica de medicamentos falsificados en El Alto en 2019, que operaba desde 2006 y producía antibióticos sin ningún control sanitario (https://bit.ly/Opinion-2019). También se descubrió en marzo de 2020 en Tarija la comercialización de leche de fórmula infantil suplantada por leche entera, lo cual podría causar daños irreversibles a los recién nacidos (https://bit.ly/Economy-2020).
Como mencioné anteriormente, el contrabando es parte de un problema mayor, la informalidad, y se requieren medidas estructurales para reducir este delito económico y promover la formalidad. No obstante, como medida de control en atención a la salud pública, los gobiernos departamentales y municipales deben involucrarse en la lucha contra el contrabando.
Dentro del marco de las competencias concurrentes otorgadas a los Gobiernos Autónomos Departamentales en la gestión del sistema de salud, estos pueden decomisar medicamentos de contrabando, falsificados o adulterados mediante los Servicios Departamentales de Salud (SEDES). Por su parte, los Gobiernos Autónomos Municipales tienen la responsabilidad de controlar la calidad y la sanidad en la cadena de producción, transporte y comercialización de productos alimenticios, debiendo decomisar alimentos y bebidas de contrabando, especialmente en los mercados municipales.
Es fundamental que la población se sienta segura al adquirir productos formales. Por ello, al comprar alimentos y bebidas, es recomendable verificar si tienen el registro del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG); en el caso de medicamentos, exigir que cuenten con el registro de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (AGEMED); y al adquirir electrodomésticos, solicitar factura y comprar en tiendas que garanticen productos originales.
El contrabando no solo afecta nuestra economía, sino también nuestra salud y bienestar. En estas festividades, optemos por comprar productos de nuestra industria nacional y del comercio formal para asegurar un consumo seguro y contribuir al fortalecimiento de nuestra economía.