La CPE es una carta de garantías que regula los actos del poder. En Bolivia se sigue interpretando la CPE solo para no cumplirla. Ya se hizo con varios artículos del texto constitucional. La reelección indefinida, la no renuncia 90 días para candidatear, la residencia para ser candidato, hoy se consuma el desconocimiento del instituto constitucional de la censura como instrumento de destitución de un ministro. La conducta ha sido la misma con Evo Morales, Jeanine Añez y Luis Arce.
El presidente Arce desconoce la atribución de la ALP, utilizó un mecanismo al margen de la CPE para burlar una obligación, (apelando a una atribución privativa), porque a partir de su destitución y designación inmediata del ministro censurado desconoció el orden constitucional establecido por el art. 158 numeral del 18 del contrato social. En forma tácita se anuló la CPE con relación a la atribución de la ALP. ¿Qué sentido tiene una censura? Ninguna, porque el ministro sigue siendo ministro. Lo que menos importa es el cambio de conducta y actos del censurado.
Bolivia transita por la desintitucionalidad. El TCP estableció en su fundamento del fallo 020/2023 que un ministro censurado no puede acceder en forma inmediata al mismo cargo. El presidente Arce reconoció su obligación constitucional mediante un proyecto de ley que envió a la ALP. Como confiar en los gobernantes que no cumplen siquiera sus propios actos y sus escritos.
El presidente puede ser demandado, mediante una acción de incumplimiento, resolución contraria a la CPE etc. Pero solo será testimonial, porque la justicia está contaminada por el poder que viola CPE y las leyes.
Bolivia se ha convertido en un botín de los políticos de turno. Los bolivianos estamos en total indefensión frente a los actos arbitrarios del poder. El Estado boliviano carece de contrato social efectivo.