A siete días del bloqueo de carreteras en el país, cuando, según la Cámara de Exportadores, por cada 24 horas, perdemos alrededor de 100 millones de dólares, y hasta este domingo 28 de enero del 2024, se reportan al menos dos civiles muertos y 27 policías heridos, pareciera que cada vez nos hundimos en un callejón sin salida, en un pueblo sumido en la incertidumbre como el Macondo del escritor colombiano Gabriel García Márquez y como si retrocediéramos a la mitología griega, a los tiempos del malvado Procusto, un personaje que fingiendo ser bueno, daba posada a los viajeros y cuando estos se encontraban durmiendo, los amordazaba y posteriormente los aserraba o los mataba a martillazos, molesto porque creía que llegaban a disputarle el control de la zona.
El pedido es claro: Convocar a elecciones judiciales lo más pronto posible, como inclusive lo ha solicitado la Relatoría de la ONU, considerando que los actuales altos magistrados han cumplido su mandato de seis años y se encuentran prorrogados por un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional del 11 de diciembre del 2023, en la consulta de control previo sobre la constitucionalidad del Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales formulada por el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
Sin embargo, los cálculos políticos en la Asamblea Legislativa Plurinacional para elaborar una nueva convocatoria a elecciones judiciales, están por encima de cualquier racionalidad y sensibilidad de ver un pueblo sufrir y no sale humo blanco.
Pero esa no es la solución de fondo, si entendemos el verdadero sentido de la justicia o de la seguridad jurídica para un Estado, en el marco de este tiene como fin mantener la convivencia y la armonía y sin jueces probos, no existen garantías para que ningún ciudadano desarrolle sus actividades con total normalidad.
La mejor salida está en modificar parcialmente la Constitución Política del Estado, según manda el artículo 411: *La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por mayoría absoluta. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio.
De esa manera extirparíamos ese cáncer que tenemos en nuestra Constitución Política de Estado, que colocaron en el título tercero desde los artículos 179 hasta el 205, que se refieren al funcionamiento de las cuatro cabezas del Órgano Judicial: El Tribunal Supremo de Justicia, El Tribunal Constitucional, El Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental y que estas serán elegidos por voto secreto y universal de los bolivianos.
Porque hemos visto que hasta ahora que han sido un fracaso las dos elecciones judiciales que hemos tenido, no solo que nos hemos gastado 225 millones de bolivianos, en el 2011 y 2017, para la designación de 118 magistrados entre titulares y suplentes sino porque “los elegidos”, a pesar de tener menos de la mitad de los votos válidos, igual asumieron sin legitimidad, pero lo más grave, comprometidos políticamente con el Movimiento al Socialismo.
Es así que deberíamos impulsar esta reforma y apostar porque la elección de los altos magistrados responda a un concurso de méritos que sea administrado por tribunales de la sociedad civil a fin de descontaminarlo políticamente.
No hacerlo es condenarnos tal vez a ser arrastrados por un huracán parecido al que devoró a Macondo por tantas luchas internas y pestes de insomnio en la novela Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez y apostar porque aparezca un Teseo, rey de Atenas, según la mitología griega, que derrotó y sucedió a un Procusto que en Bolivia encarna a Evo Morales, para que ordene parar los bloqueos y se resigne a que los ciclos terminan y que “la política no es una profesión”, como lo dijo el expresidente uruguayo, José Mujica, quien cumplió sus cuatro años de mandato y sin traumas se retiró a su chaco.