El ciclo de vida de nosotros se puede simplificar en: nacer, crecer, reproducirnos, trabajar, jubilarnos y morir; y el fin de cualquier Estado debe ser garantizarnos las mejores condiciones en cada parte de este proceso. Pero eso no ocurre en Bolivia, porque vamos de tumbo en tumbo, en una especie de “cuento del tío” que nos hacen y que puede configurarse como una estafa colectiva, en la que el trabajador, último eslabón de la cadena, es la víctima, y los administradores, llámese gobierno, funcionarios públicos o entidades privadas, han usufructuado de nuestros aportes, sudor y esperanza.
Con la Revolución Nacional en 1952, los trabajadores avanzamos en la conquista de varios derechos, entre éstos el de la seguridad social, a partir de la promulgación del Código de Seguridad Social de 1956, sustentado en los principios de solidaridad económica y social que incluye la protección de las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, asignaciones familiares y vivienda de interés social. Pero del dicho al hecho, hay mucho trecho.
“Van a tener su chequera individual con todos sus ahorros para cuanto ustedes se jubilen ir al banco, retirar sus fondos y vivir felices el resto de sus días”, nos decía, en su español cruzado con inglés, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en 1993, cuando corrían vientos de capitalización en el país y se dejaba de lado el aporte estatal y patronal y quedaba en manos de los propios trabajadores, el ahorro individual para su jubilación.
Hubo resistencia por la incertidumbre que implicaba el cambio, hasta que el 21 de marzo de 1996 se aprobó la Ley 1732 poniendo el certificado de defunción al Servicio Nacional de Sistema de Reparto (SENASIR) que había sido creado mediante Decreto Supremo 27066 el 6 de junio del 2003, con el aporte tripartido del Estado, el trabajador y el empleador.
Y así fue como durante 27 años, esperanzados empezamos a aportar a las dos AFP, alrededor del 12% de nuestro salario, pero grande fue nuestra sorpresa cuando en el camino nos enteramos que los administradores del Fondo de Pensiones tenían salarios que pasaban los $us10 mil y que nuestros recursos que deberían generar dividendos fueron entregados a escondidas a los gobiernos de turno o al sistema bancario a un interés del 5% para que ellos lo presten a los mismos trabajadores en tasas que pasan el 10%.
Pero eso no fue todo. Cuando quisimos “usar nuestra chequera” con nuestros ahorros resulta que no pudimos hacerlo y si lográbamos cumplir los requisitos, nos calculaban una esperanza de vida de 110 años para prorratear un monto menor a ser pagado mensualmente y que a la hora de jubilarnos, solamente los militares tienen el 100% de su salario y el resto de ciudadanos comunes, tenemos el 25%.
Es un queso bien grande. Se trata de $us24.000 millones que hasta el 2023 se acumularon en las AFP generando utilidades de $us225 millones por el manejo de 2.5 millones de cuentas de los bolivianos.
Desde el 2009 eso ha despertado el interés del gobierno socialista de Evo Morales primero, y hoy de Luis Arce que ha puesto a dedo un gerente como encargado de abrir y cerrar la cacha de los aportes y administrar estos fondos, a pesar que el art.147 de la Ley 065 dice que ésta debe ser Administrada por un directorio compuesto por 1 presidente y 4 directores de ternas aprobadas por 2/3 de votos de los presentes de la Cámara de Diputados.
Y el riesgo está ahí porque el Ejecutivo sin aportar un solo centavo en el Fondo de Pensiones se encarga de la administración de nuestros ahorros y nosotros los trabajadores, dueños de esos recursos, quedamos en el limbo. Por eso, es acertado el Amparo Constitucional que ha planteado el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, pidiendo el nombramiento de los otros 4 directores a fin que no se repitan historias como las del Fondo Indígena del que se robaron 100 millones de bolivianos.