Dicen que lo último que se pierde es la esperanza. Y así lo asumimos ahora que se han abierto tres ventanas de justicia para más de medio centenar de periodistas agredidos en los últimos dos años en Bolivia y concretamente en Santa Cruz.
El primero es un proceso penal instaurado en contra de ciudadanos que en un punto de bloqueo en la avenida San Aurelio y tercer anillo atacaron a palos y piedras a 12 hombres y mujeres de la prensa que tomaban el pulso del paro cívico que duró 36 días por la exigencia de un Censo de Población en el año 2022.
La agresión fue reportada el 23 de noviembre de ese año y como consecuencia de ello, tres personas fueron imputadas por la Fiscalía y como hecho extraño, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se sumó como querellante a la denuncia de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz.
El segundo caso es el de Las Londras, ocurrido el 28 de octubre del 2021, cuando seis periodistas fueron secuestrados y torturados por encapuchados armados que salieron del monte mientras ellos verificaban un caso de toma violenta de tierras en la provincia Guarayos.
Era una comitiva de 17 personas, entre ellas cuatro policías que fueron retenidos por espacio de seis horas, siendo obligados a firmar un acta declarando que “nunca más pisarían esas tierras”.
Por el caso, que este 28 de mayo, cumple un año y siete meses, al concluir la etapa preparatoria, el fiscal Wálter Cisneros presentó una acusación formal contra los cinco implicados: Paulino Camacho, Sixto Canaza, Nelson Rebadeneira, Martín Tejerina y Nicolás Ramirez, ninguno de ellos detenido, pues el juez del control jurisdiccional, Roberto Hurtado, favoreció con detención domiciliaria y sin escolta a los tres primeros.
El proceso ingresará en la segunda etapa, de manera “oral, pública y continuada”, como señala el Código de Procedimiento Penal, en el municipio de Concepción, capital de esa provincia donde ocurrieron los hechos,
Se trata de un caso tortuoso para los periodistas víctimas Silvia Andrea Gómez López y su camarógrafo Sergio Luis Martínez Galarza de Unitel, Mauricio Egüez Simoné y el camarógrafo Nicolás Alejandro García Iriarte de Red Uno, Percy Suárez Suárez de la red ATB y Jorge Alberto Gutiérrez Ávila del periódico El Deber que hasta enfrentaron a los dos imputados y volvieron a revivir la pesadilla en una audiencia de reconstrucción de los hechos.
Sin embargo se ha abierto una ventana de esperanza y de justicia luego que el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup) confirmara en una pericia que los encapuchados armados que emboscaron a la comitiva de periodistas, policías y comunarios en Las Londras, “planificaron y realizaron movimientos coordinados, insultaron y amenazaron” a sus víctimas.
Eso provocará que los abogados defensores de los periodistas pedirán que los cinco identificados sean procesados por el delito de asesinato en grado de tentativa y se pidan 20 años de cárcel.
Y la tercera ventana la abrió la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego que comunicara que se encuentra “en la etapa de estudio inicial” con el Código MC-296-23, el caso de 52 periodistas agredidos.
Durante la visita de la CIDH a Bolivia, este 30 de abril, los dirigentes del gremio presentaron los casos documentados a tiempo de pedir medidas cautelares para que por su intermedio, se le exija al Estado boliviano, otorgar las garantías constitucionales para el ejercicio libre del periodismo, sin agresiones, amenazas, citaciones judiciales, asfixia económica por Impuestos o distribución de la torta publicitaria.
Queremos quedarnos con la frase del poeta italiano, Horacio, cuando dice que “la justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera”.