Presidenta de Perú insistió en que nunca tuvo relación directa con las muertes en las protestas

La mandataria de Perú, Dina Boluarte, insistió en que “nunca existió una relación directa” de ella “con los hechos” ocurridos en las marchas de protesta, a inicios de año, que dejaron decenas de muertes, al ser interrogada por la Fiscalía por una investigación abierta en su contra.

“Lo que hemos hecho nosotros es declarar que nuestras respuestas dadas en la primera declaración (de junio) se extiendan a las demás y ya no queremos seguir desarrollando (el tema) por respeto precisamente a las víctimas, que no necesitan un show, que no necesitan algo raro, sino que se investigue con seguridad y objetividad”, declaró el abogado de Boluarte, Joseph Campos, a la prensa tras la diligencia.

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Campos consideró, sin embargo, que “la evaluación de una responsabilidad jurídica de la presidenta es absurda”, pero dijo que a pesar de esta posición acudieron al interrogatorio porque son “respetuosos” de las decisiones del Ministerio Público.

El abogado agregó que durante la audiencia “se incorporaron unas preguntas” hechas por la Procuraduría, ante lo cual la defensa pidió que las respuestas “de la primera declaración se extiendan” a ellas e informó de que ya no van a dar nuevas declaraciones en esta investigación.

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Campos enfatizó que se debe esperar a que se resuelva el pedido que ha presentado para que la gobernante sea excluida de estas pericias preliminares.

“Es un pedido que está pendiente de resolverse y esperemos que al fin del plazo la excluyan (...) jurídicamente no tiene ningún asidero esta situación, pero somos respetuosos”, reiteró.

El abogado reiteró, sin embargo, que Boluarte pidió que durante las protestas “se controle la situación, el orden publico, respetando los derechos fundamentales”.

Boluarte fue citada por la Fiscalía como parte de la investigación preliminar que ha abierto contra ella y otras altas autoridades de su gobierno por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad, a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones, 49 de ellas en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad.

En esta ocasión, la mandataria fue convocada para ofrecer una ampliación de las declaraciones que ya dio el pasado 6 de junio, tras la cual su abogado señaló a los medios que esperaba ser excluida de las investigaciones.

El primer ministro, Alberto Otárola, aseguró el martes que, entre diciembre y marzo, “el Gobierno controló más de 500 manifestaciones violentas, marchas que pretendieron soliviantar el estado constitucional y legal de derecho” y agregó que no les “temblará la mano para seguir haciéndolo en defensa de los derechos fundamentales y paz y seguridad 33 millones de peruanos”.