Chile deporta a 46 bolivianos en un vuelo de expulsión de extranjeros

Las autoridades de Chile deportaron este miércoles del país a 77 extranjeros, entre presidiarios y migrantes irregulares, en un nuevo vuelo de expulsión que despegó de Santiago con destino a Perú y Bolivia.

El procedimiento migratorio es el cuarto de su tipo este año, sumando un total de 547 personas deportadas desde Chile a través de los aviones de la aerolínea privada Sky o por vía terrestre.

Durante 2020 fueron expulsados 1.365 extranjeros.

En el avión de este miércoles viajaron 46 ciudadanos bolivianos y 31 peruanos, de los cuales 66 son expulsiones "judiciales" y 11 "administrativas". 

Entre los motivos de las deportaciones judiciales se encuentran personas que estaban en Chile cumpliendo condena por delitos como "homicidio simple; robo con violencia; robo con intimidación; tenencia de armas y tráfico de drogas, entre otros", informó el Ministerio del Interior.

"El compromiso de este gobierno sigue firme para expulsar a aquellas personas que vengan a Chile a cometer delitos, como es el caso de los 66 expulsados judiciales de este vuelo y gran parte de los 11 expulsados administrativos", indicó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, durante el embarque de los extranjeros deportados.

En los tres vuelos anteriores durante 2021 Chile expulsó a 185 migrantes venezolanos -mayor comunidad extranjera en el país y principales protagonistas de la ola migratoria irregular en Chile en los últimos años-, 105 colombianos, 99 bolivianos, 26 dominicanos, 24 peruanos y 31 de otras nacionalidades, según datos oficiales.

"El espíritu de estas expulsiones es que las personas que vengan a Chile a cometer delitos no estarán más en Chile", afirmó Delgado.

La ONU expresó a inicios de junio su "preocupación" sobre los "procesos de expulsión de personas extranjeras" y especialmente venezolanos.

Si bien la ONU reconoce el derecho de Chile de hacer respetar sus fronteras, expertos en temas migratorios de este organismo han llamado al gobierno a considerar la suspensión temporal de las deportaciones o retornos forzados de migrantes, más aún bajo el contexto de la crisis del covid-19.