La “fiebre del oro” deja muertos, heridos y daño al medio ambiente

Diez horas de viaje por carretera separan a Apolo de la ciudad de La Paz y, pese a ser una región que representa la décima parte de todo el departamento paceño, es una zona con poca presencia estatal. Ahí, la minería ilegal ha reemplazado a la agricultura como principal ocupación.

La producción de coca, algo tradicional de la zona, disminuyó ante la fiebre del oro y comunidades enteras se dedican a su explotación. Eso se aprecia en un recorrido por varias partes del Parque Madidi.

La falta de permisos para la explotación de oro genera ilegalidad y en ese territorio se impone la ley del más fuerte. Este ha generado que la posesión minera se decida con enfrentamientos a bala y dinamita.

El 13 de septiembre se registró un enfrentamiento, cuando vecinos de Santa Rosa, que habían instalado un campamento en una orilla del río Tuichi, fueron atacados a tiros por supuestos empresarios mineros, que disputaban ese pedazo de tierra. A cuatro horas de distancia del pueblo más cercano, ahí se impuso la ley del más fuerte.

Gabriela Pantoja, directora de Fiscalización, Control y Coordinación Institucional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), señaló que la institución “no ha otorgado ningún derecho minero, ningún contrato, ni licencia de prospección y explotación minera. Las comunidades sin un derecho minero no pueden explotar”.

Pese a las negativas de permisos, presuntos empresarios mineros atacaron en el lugar a una comunidad que había instalado un campamento cerca del lugar donde operaban.

“A las cinco de la mañana hemos sido atacados, hemos tenido que correr al monte porque las balas y dinamitazos llegaban detrás de nosotros”, contó Beatriz Condori, una comunaria del lugar.

En aquel enfrentamiento seis personas quedaron con heridas de bala y una murió cuando era llevada hasta un hospital.

En Apolo, los mineros son la autoridad. Han instalado trancas para controlar el ingreso de extraños y de policías. Los comunarios cuentan que si alguien se atreve a denunciarlo es automáticamente amenazado, perseguido, golpeado y, en el peor de los casos, asesinado.

Sobre este tema, Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), indicó que las regiones disponen sus leyes por la falta de presencia del Estado y los controles respectivos.

La minería ilegal en La Paz gana terreno y ya ocupa varios municipios del norte amazónico, contaminando ríos y comunidades indígenas con mercurio.

Mire el informe especial que preparó UNITEL en el siguiente video: