Venta ilícita de combustible revela corrupción y mal manejo de la administración pública, dice analista Aróstegui

Al revelar el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, que el 20% del combustible que se desvía ilegalmente en Bolivia sale al contrabando ha reconocido que no ha habido un manejo coherente y transparente de la administración pública, según indica el analista y abogado Rolando Aróstegui.

Según Aróstegui, las medidas dispuestas por el Gobierno para controlar el mercado de venta de hidrocarburos “es una solución parche”, el establecer que no se pueda vender en bidones, además que plantea otra duda sobre cómo se procederá con los autos indocumentados que circulan en el país “que son más de cien mil”.

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De acuerdo a declaraciones de Montenegro, se ha identificado que de los 250 millones de litros, “el 80% está destinado a la actividad ilícita, vale decir expendio de revendedores, ‘bidoneros’, minería ilegal y autos chutos, etc, y el 20% sale vía contrabando”.

“Primera vez que reconoce que ha habido ineficiencia y que en dos años ha sido 500 millones, eso muestra de que no ha habido un manejo coherente, correcto y transparente de la administración pública y que ha habido corrupción e ineficiencia”, sostuvo Aróstegui.

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Otro punto que remarca el analista es que “debe haber el libre flujo de los servicios y mercaderías y para eso hay que hacer un ajuste en la economía”, porque la represión y el cupo no son recomendables pues “toda limitación a la libertad dentro de la economía, no es buena, y al no ser buena es perversa y al ser perversa genera represión o corrupción”.

Los decretos 4910 y 4911 están, justamente, orientados al fortalecimiento de la lucha contra el contrabando y a mejorar los controles en la venta de gasolina y diésel, combustibles que en Bolivia están subvencionados.

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