Proyecto de ley busca que el Estado acceda a la información y documentación de empresas privadas

El proyecto ha sido observado desde la oposición. Según el documento, la Contraloría podría acceder a información de entidades públicas, empresas privadas, cooperativas e instituciones en los proyectos en los que el Estado tenga participación o interés

Publicado el: 13/09/2022
Por Álvaro Rosales Melgar
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[Senado] / Virginia Velasco impulsa la propuesta

El oficialismo busca el tratamiento del anteproyecto de ley de Supervisión y Acceso a Información en el Ejercicio del Control Gubernamental, para que el Estado, a través de la Contraloría, pueda acceder a cualquier tipo de documentación e información en entidades privadas que se encuentren ejecutando actividades, operaciones de proyectos en los que el Estado tenga participación o interés. De aprobarse también podrá pedir información de los proyectos ya ejecutados.

La propuesta fue presentada en abril de 2021 y repuesta en esta gestión senadora y exministra de Justicia, Virginia Velasco (MAS). La oposición en el Senado observa el proyecto, mientras que los analistas consideran que esta norma concentraría los poderes del Estado en el Ejecutivo.

Los cuestionamientos de políticos y analistas apuntan a que el Estado no sólo podría acceder a la información y documentación de entidades del sector público, sino también a otra entidad de cualquier índole, según reseña el artículo 4 del anteproyecto de ley. Este punto fue observado por un informe presentado por el senador opositor Henry Montero.

En la parte argumentativa del documento se señala que la Contraloría General del Estado ejerce control, fiscalización y supervisión en entidades públicas, en las que tiene competencia, pero se ve limitada en lo que respecta al sector privado ante “la negativa o ausencia de voluntad de remitir información” al Estado, al igual que las cooperativas y asociaciones que no pueden ser fiscalizadas, cuando su actividad puede incidir en un perjuicio del aparato estatal.

La propuesta de norma también establece que la solicitud de acceso a la información y documentación debe ser atendida en un plazo de entre 10 y 30 días hábiles, de acuerdo a la su complejidad y cantidad de lo requerido.

Las personas que se nieguen a entregar la información sin justificación aceptada, podrán ser procesadas por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, desobediencia a la autoridad e impedir o estorbar el ejercicio de funciones.

La propuesta también incluye una cláusula que abre la posibilidad de ejecutar allanamientos e incautaciones para obtener información, en los que se podrá secuestrar documentación que el Estado considere útil para la investigación.

Desde el Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros de la Asamblea Legislativa, el senador Henry Montero (Creemos) señaló que el anteproyecto de ley que impulsa el oficialismo no es procedente, por lo que recomienda el rechazo del mismo.

A través de un documento enviado a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas del Parlamento, Montero expuso que se busca atribuir a la Contraloría competencias sobre el sector privado, aspecto que trasciende la propia naturaleza de dicha entidad estatal, por lo que es inviable.

Montero ve que incluir a cualquier tipo de entidad que no sea pública hace que la propuesta sea totalmente genérica y otorgaría atribuciones sin límites a la Contraloría, lo que vulnera lo establecido en la normativa vigente sobre los controles que debe realizar este ente.

Además, Montero observa que la Contraloría no tiene ningún tipo de autoridad para entrar arbitrariamente a un domicilio ajeno o sus dependencias o un recinto habitado por otro, puesta que también va contra la Ley.

Desde Comunidad Ciudadana, el otro bloque opositor de la Asamblea, también existe rechazo. La diputada Laura Luisa Nayar manifestó que su bancada rechazará cualquier proyecto de ley que trate de vulnerar las libertad del ciudadano y las libertades colectivas

“Vemos este proyecto de ley como un nuevo atropello hacia el sector empresarial como forma de castigo y sometimiento a todo aquello que impulsa y que quiere sacar adelante el país. Buscan instrumentalizar a una Contraloría que no fiscaliza el sector público”, denuncia la diputada.

El abogado constitucionalista Juan Carlos Saavedra señala que este proyecto es riesgoso porque pretende convertir a la Contraloría en el “espía oficial” del Gobierno y solo contribuye a crear más burocracia.

Saavedra explicó que la legislación boliviana es clara y todas las entidades públicas y privadas tienen mecanismos regulatorios a los que responden bajo consecuencia de tener penalidades si incumplen la norma.

“Hay que ver si la Contraloría no está tomando otro tipo de competencias, porque para investigación de delitos está la Policía y el Ministerio Público y las entidades privadas son las más fiscalizadas porque no hay entidad privada que tenga su sistema de fiscalización.

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