Cuéllar sobre Gestora Pública: “Hay una desesperación del Gobierno de confiscar recursos”

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo se alista para arrancar operaciones de manera total desde mayo por lo que los empleados que depositan sus aportes mensuales, al igual que los jubilados, pasarán a depender de la esta entidad estatal; esta situación es rechazada por diversos sectores, una de ellas es la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), que observa que el destino de estos recursos pasará a ser administrado por políticos por lo que plantea la realización de un referéndum para que sean los aportantes los que decidan el futuro de su dinero.

“La observación que se hace es que hay una desesperación de parte del Gobierno de confiscar estos recursos, aproximadamente 24 mil millones de dólares”, dijo el rector Vicente Cuéllar en entrevista con La Revista de UNITEL.

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Para el rector, llama la atención que “hoy se están desesperando para meterle mano a nuestros recursos” con el antecedente de que ley 025 de pensiones “fue promulgada en diciembre de 2010 y tiene 13 años de vigencia” por lo que “nosotros podemos deducir que la desesperación del Gobierno de hacerse cargo en este momento de todos los recursos es porque están ‘raspando la olla’, no tienen recursos y se van a adueñar de nuestros aportes”

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El gerente general de la Gestora, Jaime Durán, informó que hasta inicios de abril la migración de datos de los aportantes a las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Bolivia y Previsión alcanzó el 90% y que se tiene planificado que concluya hasta finales de este mes.

Referéndum

Vicente Cuéllar manifestó que los fondos se constituyen con el aporte de los trabajadores, “no es del Gobierno, no es del Estado, por lo que no pueden decidir unilateralmente y por eso “hemos planteado desde la Uagrm, que se les pregunte a los 2,5 millones de aportantes” si están de acuerdo que nuestros aportes sean manejado por la Gestora.

“Nosotros, no estamos en un conflicto de competencia, sabemos que la competencia es del Estado, pero además la CPE dice que estos fondos deben ser controlados mediante control social, ¿Quién lo debe hacer, los aportantes, o los políticos?”, dijo al remarcar que “nosotros, como dueños de los aportes, estamos con el derecho de decidir qué vamos a hacer con nuestros aportes”.