Cuéllar rechaza jubilación “forzosa” y anuncia que pedirá un informe a la Asamblea Legislativa

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, denunció este jueves que por medio del proyecto de ley que se enfoca en Presupuesto General del Estado (PGE) se busca modificar la Ley 065 de Pensiones, apuntando que se busca insertar una jubilación “forzosa”.

A decir de la autoridad universitaria las autoridades nacionales “quieren meter de contrabando” la modificación a la normativa, misma que es ordinaria y que no coincide con una ley especial relacionada al PGE.

Cuéllar expresó que esto es “ilegal, inconstitucional y mañana nos vamos a apersonar ante el presidente de la Cámara de Diputados para hacer llegar el reclamo formal”, a quien también se pedirá una copia simple sobre el informe económico y estados financieros que la Gestora Pública debe presentar cada seis meses a la Asamblea Legislativa.

Además, el rector cuestionó que ningún diputado ni senador se pronunció hasta la fecha sobre la obligación que tienen quienes administran la Gestora sobre este informe que se debe presentar cada seis meses.

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El rector cuestionó que con estas acciones se quiere convertir la jubilación en algo forzoso para quienes cumplan los 65 años, con la supuesta finalidad de crear nuevas fuentes de empleo, pero si pensar en la población trabajadora que está en este rango de edad.

“Van a echar a la calle a la gente que cumple 65 años y van a abrir espacios laborales a la militancia del MAS-IPSP. Como Uagrm vamos a hacer este reclamo y nos reservamos medidas de hecho”, expresó Cuéllar.

Asimismo, adelantó que se elevará esta situación al Comité Ejecutivo del sistema universitario, ya que no hay argumentos válidos para echar mano a la normativa vigente y para sacar a la fuerza laboral de más de 65 años de sus fuentes de empleo.

Por otro lado, la autoridad universitaria dijo que antes de discutir la modificación de la Ley 065 se debe institucionalizar a la Gestora, tema por el que tampoco ha habido un pronunciamiento y más cuando debe haber una terna de cinco miembros que debe administrar a la entidad estatal.

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