Congreso por la tierra denuncia dotaciones "políticas, irregulares y arbitrarias" en Santa Cruz

Al finalizar el tercer Congreso por la Tierra realizado en el municipio cruceño de San Miguel, se emitió una resolución en la que ratificaron su apoyo a la realización de la Comisión Agraria Departamental (CAD) para que se convierta en el ente encargado de supervisar el proceso agrario en el departamento, fiscalizar los procesos de distribución de tierras y pueda solucionar los conflictos que se presenten por el tema tierra.

"Nos declaramos en estado de emergencia en contra de las dotaciones de tierra de forma política, irregular y arbitraria para precautelar las tierras de nuestra región. Vamos a defender nuestra tierra y territorio haciendo prevalecer nuestros derechos constitucionales por usos y costumbres", dice parte del documento.

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Representantes de los pueblos indígenas, acompañados de los comités Cívicos, autoridades municipales y departamentales, representantes locales y organizaciones de productores agropecuarios se reunieron este viernes y firmaron la resolución.

En otro punto se exige que se conforme una subcomisión encargada de supervisar el proceso agrario en el departamento, investigando las dotaciones de tierras en Santa Cruz e identificando a los responsables de las mismas, además de los beneficiarios de las dotaciones, la situación actual y los posibles daños ocasionados al Medio Ambiente definiendo el camino a seguir en los casos en que se establezcan irregularidades.

También se exige al INRA se garantice el funcionamiento de la Comisión Agraria Departamental y solicitar a la CAD un informe legal sobre la necesidad de modificar la representación indígena garantizando la participación de los cinco pueblos indígenas del departamento cruceño.

Se manifestaron en contra de aprehensiones

En las últimas horas se informó de la aprehensión de siete personas que, según dijo el ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, fueron encontrados en posesión de armas de fuego, municiones y equipos policiales y que tenían pensado participar del congreso de tierra.

En respuesta, se colocó en la resolución firmada en San Miguel, que se rechaza "fehacientemente la persecución, amedrentamiento y criminalización por parte del Gobierno central a quienes defienda nuestras tierras, nuestros territorios, recursos y patrimonios naturales siendo que a la presente fecha se encuentran enfrentando procesos penales por la defensa de nuestras tierras".