Arce Catacora promulga la ley el Presupuesto General del Estado 2023

El presidente Luis Arce Catacora promulgó la Ley 1493 del Presupuesto General del Estado 2023, cerrando así la incertidumbre que se generó en torno a este asunto desde la Asamblea Legislativa y pese a las observaciones y críticas que fueron evidenciadas desde la oposición.

La Ley tiene siete artículos, dos disposiciones adicionales, ocho disposiciones finales y una disposición abrogatoria y derogatoria. Proyecta para 2023 una tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 4,86 %, una tasa de inflación de 3,57 %, un resultado fiscal de -7,49 % y estabilidad cambiaria, sin variaciones.

Según el detalle, la inversión pública es uno de los pilares del modelo económico boliviano y tiene fuerte incidencia en el crecimiento del PIB, la generación de empleo y mejores condiciones para los agentes económicos. En 2023 se planea invertir $us 4.006 millones en proyectos productivos, sociales, infraestructura y otros.

Casi la mitad del presupuesto se enfoca en sueldos y salarios que están destinados a trabajadores en salud y maestros, representando el (47%). El segundo grupo en tamaño es la Policía y Fuerzas Armadas con el 11%.

Los municipios (incluyendo las autonomías Indígena Originario Campesinas) y las universidades públicas representan el 8% cada una.

Mientras que las instituciones de seguridad social y las empresas públicas representan el 7% cada una. Las entidades descentralizadas y otras instituciones (resto) representan el 3% cada una.

Finalmente, el Órgano Ejecutivo (3%) y las gobernaciones, incluyendo la Región Autónoma del Gran Chaco, (2%) cierran la lista.

La norma, además, prevé la creación del Fondo de Fomento al Desarrollo de Ciencia y Tecnología para las universidades públicas Autónomas, con el fin de incentivar el desarrollo de proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación.

También está previsto, de ser necesario y previa evaluación, que el Ejecutivo pueda incorporar recursos adicionales para contraparte de proyectos de inversión en los presupuestos institucionales de las entidades territoriales autónomas.

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