Arce Catacora promulga la ley el Presupuesto General del Estado 2023
La nueva ley proyecta un crecimiento del 4,8 % para la gestión 2023, misma que emergió después del debate y consenso entre los bandos de la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa
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El presidente Luis Arce Catacora promulgó la Ley 1493 del Presupuesto General del Estado 2023, cerrando así la incertidumbre que se generó en torno a este asunto desde la Asamblea Legislativa y pese a las observaciones y críticas que fueron evidenciadas desde la oposición.
La Ley tiene siete artículos, dos disposiciones adicionales, ocho disposiciones finales y una disposición abrogatoria y derogatoria. Proyecta para 2023 una tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 4,86 %, una tasa de inflación de 3,57 %, un resultado fiscal de -7,49 % y estabilidad cambiaria, sin variaciones.
Según el detalle, la inversión pública es uno de los pilares del modelo económico boliviano y tiene fuerte incidencia en el crecimiento del PIB, la generación de empleo y mejores condiciones para los agentes económicos. En 2023 se planea invertir $us 4.006 millones en proyectos productivos, sociales, infraestructura y otros.
Casi la mitad del presupuesto se enfoca en sueldos y salarios que están destinados a trabajadores en salud y maestros, representando el (47%). El segundo grupo en tamaño es la Policía y Fuerzas Armadas con el 11%.
Los municipios (incluyendo las autonomías Indígena Originario Campesinas) y las universidades públicas representan el 8% cada una.
Mientras que las instituciones de seguridad social y las empresas públicas representan el 7% cada una. Las entidades descentralizadas y otras instituciones (resto) representan el 3% cada una.
Finalmente, el Órgano Ejecutivo (3%) y las gobernaciones, incluyendo la Región Autónoma del Gran Chaco, (2%) cierran la lista.
La norma, además, prevé la creación del Fondo de Fomento al Desarrollo de Ciencia y Tecnología para las universidades públicas Autónomas, con el fin de incentivar el desarrollo de proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación.
También está previsto, de ser necesario y previa evaluación, que el Ejecutivo pueda incorporar recursos adicionales para contraparte de proyectos de inversión en los presupuestos institucionales de las entidades territoriales autónomas.
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