1,6 millones de personas no son tomadas en cuenta en la asignación de recursos del Estado, según proyecciones del INE

Mientras las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que en 2022 Bolivia cuenta con poco más de 12 millones de habitantes, los datos demográficos oficiales y que se toman en cuenta para la asignación presupuestaria por coparticipación tributaria alcanzan a 10,35 millones de ciudadanos y ciudadanas, cifra que corresponde al Censo de Población y Vivienda, según datos de la propia entidad estatal

Las cifras reflejan que hay más de 1,6 millones de personas que no son tomadas en cuenta en la asignación de recursos del Estado, tema que fue observado por el asesor del Comité interinstitucional impulsor del Censo, José Luis Santistevan, quien refirió que los datos de proyección son conservadores y que no hay ningún departamento o ciudad capital en el país que pierda o disminuya su población.

Por dar un ejemplo, las cifras del INE exhiben que en el departamento cruceño hay cerca de 646.000 más habitantes que en 2012, mientras que en La Paz registra más de 284.000 nuevos paceños y Cochabamba está por encima con 301.000 nuevos habitantes.

El aumento de la población se debe a nuevos nacimientos, el envejecimiento prematuro de la población y la migración de un municipio a otro, según las observaciones, y esto no solo se refleja en el eje troncal, sino también en el resto de departamentos del país.

El crecimiento poblacional en Tarija en los últimos 10 años fue de 98.000 nuevos habitantes, según las cifras del INE; Beni proyecta que hay 86.000 nuevos benianos; en Potosí alcanza a 70.000; el departamento chuquisaqueño tiene cerca de 65.000 nuevos ciudadanos; sigue Oruro con 51.000 y cierra la lista la región pandina con 49.000.

De acuerdo con la Ley de Participación Popular, a partir del Censo de 2000, la información relativa a población, será obtenida cada cinco años de la encuesta demográfica intercensal levantada por el INE y por los Censos nacionales que se efectuarán obligatoriamente cada diez años.

“La Ley establece que cada cinco años debe haber ajustes y las proyecciones muestran que ningún departamento disminuye su población. El gran problema es que los recursos de coparticipación que les corresponden no están siendo distribuidos y se otorga lo mismo que hace 10 años”, observó Santistevan.

Esto implica, de acuerdo a la explicación, que hay ciudadanos que no están siendo contabilizados para recibir recursos y los ingresos varían cuando aumenta la cantidad de población, incluso existe un fondo de compensación para los municipios más deprimidos.

“Si hay censo 2023 con seguridad que habrá variaciones y la nueva lucha tiene que ser por el pacto fiscal, es una propuesta que debe ser aprovechada por este instancia” manifestó el abogado constitucionalista y asesor del Comité interinstitucional.

El caso de Santa Cruz

El economista y concejal cruceño José Alberti (Comunidad Autonómica) es otro de los perfiles que sigue el tema y recientemente presentó un informe respecto a las proyecciones para el departamento de Santa Cruz y también expuso que, pese a la masa poblacional que se proyecta para la región todavía se reciben los mismos recursos de 2012.

Solo en la provincia Andrés Ibáñez hay 451.994 nuevos habitantes que está en diferentes municipios y son excluidos del sistema, según la autoridad, de los cuales 374.573 corresponden a la capital cruceña, siendo el Distrito Municipal 8 el de mayor aumento poblacional (barrios del Plan 3000) que absorbe cerca del 15% de los vecinos, de acuerdo al reporte al que tuvo acceso UNITEL.

“Todo el mundo gana con el Censo porque habrá nueva distribución de recursos, todas las regiones han aumentado su población y Santa Cruz mucho más por nuevo los nacimientos y migración. El único que no quiere censo es el centralismo (Gobierno) porque debe soltar recursos y destinarlos a territorios y universidades, por eso vemos falta de voluntad política y de diálogo”, apuntó el edil.

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Según Alberti, estas estimaciones son débiles, pero se acercan a la realidad de una región que demanda más recursos, pero que todavía se manejan “de manera arbitraria en el Tesoro General de la Nación”, concluyó.

De acuerdo a la normativa vigente, el procedimiento de coparticipación determina que el 20% de los recursos se destina a los municipios en función al número de habitantes, “dividiendo la población que corresponde a cada municipio receptor de la coparticipación tributaria, entre el total de la población nacional”.

En el caso de las universidades pública, les corresponde el 5% de coparticipación tributaria y el resto recae en el Estado central.

Por tanto, al cambiar los números de población, la distribución de recursos tanto para municipios como para universidades se modificará, según las conclusiones expuestas a UNITEL.

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