Camacho cumple un año de detención lejos de Santa Cruz

Luis Fernando Camacho Vaca, gobernador de Santa Cruz, cumplió un año de detención preventiva con seis procesos en su contra, donde la falta de certezas y denuncias de violación a sus derechos estuvieron a la orden del día y en un escenario político en el que también fue protagonista desde diferentes perspectivas.

Fue en este lapso de tiempo en el que Camacho también vio crecer a su familia con el nacimiento de su hijo Rafael. Desde su reclusión en el penal de Chonchocoro también tuvo que cumplir sus labores como autoridad electa, mientras que también tuvo que hacer frente a la enfermedad de base que salió a la luz ante la necesidad de un tratamiento especializado y que no presta el sistema público de salud.

El 28 de diciembre de 2022, el gobernador firmó su orden de aprehensión, que estuvo congelada desde fines de octubre, según los reportes estatales. Su captura en un operativo sorpresa ejecutado por la Policía logró evadir a los anillos de seguridad que lo acompañaban.

Tras varias horas de incertidumbre sobre su paradero y la aparición de varias protestas ciudadanas, desde el Ministerio de Gobierno se confirmó la aprehensión y posterior traslado a La Paz al ser principal investigado por el caso ‘Golpe I’.

“Nunca me voy a rendir”

Las consecuencias inmediatas de aquella detención se plasmaron en un paro cívico y protestas ciudadanas que tuvieron como epicentro los alrededores del comando departamental de la Policía y el edificio principal del Ministerio Público, zonas aledañas al Cristo Redentor de la capital cruceña.

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Mientras esto ocurría, el 30 de diciembre, la justicia determinó la reclusión preventiva del gobernador por cuatro meses, en el penal de Chonchocoro (La Paz), sindicado por el presunto delito de terrorismo, que después fue ampliado a otros como seducción de tropas, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa.

“Nunca me voy a rendir”, fueron las palabras del gobernador en aquel entonces.

Los casos contra Camacho

Además del caso Golpe I, existen otros cinco procesos abiertos contra la autoridad, entre ellos los denominados ‘Decretazo’, ‘Carro Bombero’ y el caso por los 36 días de paro impulsados por la ciudadanía ante la emergencia desatada por el Censo de Población y Vivienda.

También, tiene un proceso por presunta legitimación de ganancias ilícitas, en donde están incluidos familiares y empleados domésticos y otro relacionado a un supuesto tráfico de armas, el cual saltó durante el último cuatrimestre de 2022.

Durante este lapso, Camacho tuvo que estar presente en al menos 30 audiencias en donde se definió su detención preventiva, se apeló a las determinaciones judiciales, se amplió el tiempo de reclusión, se elevaron acciones de libertad y otros recursos. Algunos de estos temas aún están pendientes de resolver desde la justicia.

Enfermedad de base

Mientras se desarrollaron las audiencias, un tema que no pasó desapercibido fue el estado de salud de la autoridad, tema que fue confirmado por su familia y su abogado defensor, Martín Camacho, quienes también denunciaron trabas para que la autoridad reciba su medicación y un tratamiento especializado que no presta el sistema de salud y que debe ser aplicado cada 20 días.

A Camacho se lo notó demacrado y con pérdida de peso. Incluso su médico de cabecera, el doctor Henry Montero, advirtió sobre los peligros latentes para la salud de la autoridad ante las “malas condiciones sanitarias” en el penal de Chonchocoro, situación que también motivó el pedido para que sea trasladado a Santa Cruz, tema que fue denegado.

Fue recién durante la segunda mitad del mes de agosto, cuando se dio luz verde para que una junta médica evalúe al gobernador, quien fue atendido en el interior del penal y posteriormente fue sometido a evaluaciones complementarias en un centro asistencial. Sin embargo, su abogado resalta que “no hay un resultado concreto” respecto a estos estudios, por lo que no se sabe cuál es el estado real de salud del gobernador.

Vulneración de derechos

Asimismo, los allegados de Camacho denunciaron en múltiples ocasiones que “no tiene acceso o no tiene salida de su celda ni una hora al día”, a lo que se suma la “negación del acceso a la salud y riesgos contra su vida”, según su abogado. Además, se denunció que hasta la fecha le restringen las visitas.

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La diputada María René Álvarez (Creemos) advirtió que la aprehensión se convirtió en un secuestro al haber vacíos en el proceder de la Fiscalía, así como también recordó que se lo tuvo incomunicado y se lo trasladó de manera ilegal a La Paz.

“No contentos con eso, mostraron fotos del gobernador en su celda, enfermo, vulnerable; se violó su derecho a la privacidad cuando se encontró una cámara espía en esa celda. Él fue expuesto como trofeo político de la dictadura del MAS”, denunció Álvarez.

Desde la Gobernación se denunció también la vulneración de los derechos políticos de Camacho, con un recurso impulsado por el masismo para que su despacho sea ocupado por el vicegobernador Mario Aguilera.

Sin embargo, en febrero, una sala constitucional rechazó esta discusión, “respetando de esta manera lo que se ha conseguido en las urnas”.

Papá por cuarta vez

En contraste a estas situaciones y fuera del ámbito político y judicial, Luis Fernando Camacho vio crecer a su familia con el nacimiento de su cuarto hijo, Rafael, aunque no pudo estar para el nacimiento y recién fue tres semanas después cuando pudo verlo por primera vez, a través de una pantalla en una audiencia virtual.

Camacho recibió la visita de sus familiares, incluido su hijo pequeño, por las fiestas de fin de año.

Sin embargo, su futuro aún es incierto, a la espera de tres juicios, con otros procesos en el aire y una detención preventiva que ya cumple un año.

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