TDJ, instituciones y autoridades se unen para prevenir el abandono infantil
La “mesa por el derecho a vivir en familia en Santa Cruz” propone hasta 20 rutas de atención a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad
El Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz inició la pasada semana el trabajo de la Mesa por el derecho a vivir en familia, conformado por instituciones del gobierno departamental, municipal, juzgados y otras organizaciones civiles como Aldeas Infantiles SOS y Visión Mundial.
El primer trabajo que la Mesa realizó se llevó adelante entre el 13, 14 y 15 de julio y se basó en la construcción de más de 20 rutas de prevención y atención a niñas, niños y adolescentes para que puedan ejercer su derecho a crecer en una familia.
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Las organizaciones que reactivan la mesa por el derecho a vivir en familia son el Tribunal Departamental de Justicia, el Servicio de Política Social (Sedepos) de la Gobernación, la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano de Santa Cruz, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Episcopal, Visión Mundial y Aldeas Infantiles SOS.
El Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia por Santa Cruz, Olvis Egüez Oliva, señaló que “esta mesa departamental por el derecho a vivir en familia tuvo por objeto definir, promover, comunicar la implementación de rutas de atención para la restitución de los derechos de NNA en riesgo social”.
Asimismo, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Freddy Larrea, comentó, “es terrible lo que sucede con las niñas y niños, por eso debemos trabajar articuladamente todas las organizaciones e instituciones, y la mesa se está activando precisamente para mejorar todo el sistema a favor de la niñez, y la primera acción son la elaboración de más de 20 rutas que permitirá identificar a todas las instituciones la manera adecuada de proceder para la prevención del abandono infantil o, si necesitarán atención temporal, pueda ser en un entorno familiar que facilite su desarrollo”.
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Los actores resaltaron que la propuesta se realizó basándose en el Código Niña, Niño y Adolescente (Ley 548) y las Directrices sobre modalidades alternativas de cuidado, de las Naciones Unidas.