Alcaldías y el Órgano Judicial son las entidades estatales más denunciadas por vulnerar los derechos de los adultos mayores
Este sábado 26 de agosto se conmemora el Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores. En el Estado, las alcaldías y el Órgan
De acuerdo con datos oficiales publicados por la Defensoría del Pueblo, las alcaldías y el Órgano Judicial son las entidades estatales más denunciadas por vulneraciones de los derechos de los adultos mayores.
Un reporte de la entidad defensorial publicado este sábado, cuando se conmemora el Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores, da cuenta que entre 2022 y agosto de 2023 se registraron 5.579 denuncias de vulneraciones a los derechos humanos de personas adultas mayores, de las cuales 3.323 se registraron en el departamento de La Paz y 449 en Santa Cruz.
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Para la Defensoría, estos datos reflejan en alguna medida la situación de la población adulta mayor boliviana.
Al menos 1.570 personas de este grupo denunciaron que su derecho a la vejez digna fue vulnerado.
En segundo lugar, se encuentran las afectaciones al derecho a la propiedad individual y patrimonio, con 1.150 casos, seguido por las garantías al debido proceso, con 988 denuncias.
Los gobiernos autónomos municipales son las instituciones del Estado que más vulnera los derechos de las personas adultas mayores, pues 831 denuncias se abrieron contra estas entidades.
En segundo lugar, se encuentra el Órgano Judicial, con 262 casos.
La familia y la comunidad
La Defensoría del Pueblo identifica al ambiente familiar y comunitario como los espacios de vulneración de derechos de los adultos mayores, quienes afrontan situaciones que socavan su dignidad e inclusive su integridad, reseña el boletín.
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró la “Década del Envejecimiento Saludable” (2020-2030) con la finalidad de cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia la edad y el envejecimiento.
En ese marco, la Defensoría del Pueblo “llama al Estado a promover políticas públicas, que coadyuven a la protección a las personas adultas mayores vulnerables, y que se genere su participación efectiva en el núcleo familiar, la comunidad y la sociedad”.