Seguridad

Policías no dan con los avasalladores que siembran terror en Guarayos, que se declara en emergencia

La comunidad indígena Guarayú, cívicos y sectores se reunirán este sábado para asumir acciones contra los grupos irregulares que no logran ser identificados por las autoridades competentes

José Elio Alba
02-12-2022

Pasan las horas y se desconoce el paradero del grupo irregular armado que siembra terror en la provincia de Guarayos y cuyo modus operandi está en línea con viejos casos que hasta la fecha no han sido resueltos y que no se borran de la memoria de la población y de la gente afectada que se ha visto obligada a tomar cartas en el asunto, según los reportes que se tienen desde dicha región cruceña.

Se prevé que este sábado en horas de la tarde, la comunidad indígena Guarayú, cívicos y sectores se reúnan para asumir acciones contra estas personas no identificadas y que actúan armadas y encapuchadas, de acuerdo con los testimonios más recientes de las víctimas del predio Las Parabas, el caso más reciente de avasallamiento.

Pese a que se desplazó a un contingente policial hasta la zona en conflicto, con el objetivo de realizar patrullajes y recolectar evidencia del hecho denunciado, no se encontró a ninguno de los 200 miembros que se calcula conforman este grupo armado

Lo que sí se pudo colectar fueron algunas pertenencias de los atacantes y se convierten en nuevos elementos para el impulso de las investigaciones, así como también se pudo evidenciar los destrozos en la maquinaria y el campamento de los trabajadores que resultaron afectados y que dependen del empresario productor Rudiger Trepp, propietario del predio Las Parabas, ubicado a 75 kilómetros de Ascensión de Guarayos.

Temor entre productores

La gente tiene miedo y para muestra basta conversar con la gente del campo. Un ejemplo de ello es la palabra del presidente de los ganaderos de Guarayos, Fernando Paz, quien manifestó que no hay garantías para la producción agropecuaria por los avasallamientos, por lo que pidió al Gobierno frenar estas acciones para que no haya enfrentamientos.

A esto se suma la declaración de Rudiger Trepp que apunta a que los avasalladores evitan cualquier acercamiento para demostrar que las tierras están registradas y avaladas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), desde donde certificaron que el predio cumple con una función productiva.

“En diciembre cumplimos con la resolución del INRA que desestimó el proceso de reversión porque cumplimos con áreas trabajadas y tenemos permisos de desmonte como respaldado. Tenemos toda la documentación legal y cumplimos con las funciones de producir y dar trabajo. Pero después de muchos intentos de conversar con esta gente que nos cortaba los alambres, finalmente decidieron ingresar y les importó un bledo todo”, lamentó.

Este viernes, el propio INRA emitió un comunicado en el que ratifica que el predio avasallado en Guarayos está saneado y titulado, además de exponer que los funcionarios coadyuvarán con la investigación que lleven adelante las autoridades.

Crítica de la Gobernación

Desde la Gobernación cruceña han expresado indignación ante esta situación y que hay “inoperancia” de parte de las autoridades nacionales, la Policía, el Ministerio Público, el INRA y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), “cuya obligación es accionar de oficio”, de acuerdo con el punto de vista del secretario departamental de Medio Ambiente, Jhonny Rojas.

El secretario expuso que las tomas violentas de propiedades en la provincia Guarayos no son las únicas, puesto que también se registraron situaciones de índole similar en Bajo Paraguá y en San Ignacio de Velasco, al igual que en la zona de las Lomas de Arena. La autoridad reclamó que en estos actos ilegales ha reinado la violencia.

“Es de conocimiento de todos que los avasalladores eligen las mejores tierras productivas para destruirlas, porque ni siquiera las trabajan”, observó Rojas y acusó a las autoridades de ser cómplices de esta situación.

En este sentido, la Gobernación exige a la Policía, al Ministerio Público, al INRA y a la ABT que tomen acciones legales inmediatas en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes.

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