No permitirán que una junta médica “ilegal” revise la salud de Camacho, anuncia su abogado
Una de las observaciones que plantea la defensa legal de Luis Fernando Camacho es que Régimen Penitenciario “no ha informado al juez, ni a la familia” sobre este procedimiento solicitado por el Defensor del Pueblo la semana pasada.
Martín Camacho, abogado de la defensa del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, cuestionó la conformación de la junta médica que pretende evaluar a la autoridad departamental en el penal de Chonchocoro en las próximas horas.
El jurista, que llegó hasta el penal ubicado en el municipio paceño de Viacha, denunció que no se notificó a la familia y abogados con los procedimientos establecidos por la ley, por lo que calificó el trabajo del grupo de especialistas como “ilegal” y anunció que no permitirán que se ejecuten los controles médicos a la autoridad departamental.
“Hemos presentado una serie de oposiciones porque esta notificación unilateral que hace el señor Juan Carlos Limpias de una evaluación médica que debería realizarse hoy no cumple con la formalidad legales”, señaló.
Una de las observaciones que plantea la defensa legal de Camacho es que Régimen Penitenciario “no ha informado al juez, ni a la familia y no ha tenido conocimiento el gobernador Luis Fernando Camacho”.
“Por lo tanto, no vamos a permitir que se realice esta evaluación porque ni siquiera se ha identificado quienes fueran los médicos especialistas que van a ingresar supuestamente a hacer esta evaluación”, indicó el abogado de Camacho.
“No van a poder (hacer el control) y no lo deberían realizar porque no vamos a convalidar un acto completamente ilegal”, subrayó.
La semana pasada, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, había solicitado la conformación de una junta médica para evaluar la salud del gobernador cruceño luego de que su familia y abogados denunciaron la urgencia de su traslado hasta un centro médico.
El jurista dijo que se trata de “una decisión particular” del director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, “sin argumentar bajo qué norma procesal vigente ha tomado esta decisión”.