Seguridad

Fiscalía pide ampliar por cuatro meses la detención preventiva de Luis Fernando Camacho

El Ministerio Público presentó la ampliación de la imputación a 10 días de que se venza la medida que fue ordenada por un juez a finales de diciembre

Unitel Digital
21-04-2023

La Fiscalía General del Estado presentó la ampliación de la imputación contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el denominado caso ‘golpe I’, pidiendo que se aumente por otros cuatro meses la detención preventiva contra la autoridad en la cárcel de Chonchocoro.

Los nuevos delitos imputados contra Camacho son: financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, uso indebido de bienes y servicios públicos.

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La defensa del gobernador desvirtuó estas acusaciones y señaló que la intención del Ministerio Público “es mantenerlo privado ilegalmente de libertad de manera indefinida”.

La ampliación de la imputación, que está firmada con fecha del 20 de abril, fue presentada ante el Juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción de la ciudad de La Paz este viernes al finalizar la tarde.

La Fiscalía fundamenta este pedido argumentando que la “causa es compleja y la necesidad de realizar los actos de investigación” de las nuevas causas penales señaladas en la imputación ampliada y continuar con las pesquisas pendientes.

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Camacho fue enviado a la cárcel de manera preventiva la madrugada del 30 de enero de 2022 por el juez Sergio Pacheco, a cargo del Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz. Medida cuyo plazo fenece el próximo 30 de abril.

Luis Fernando Camacho fue imputado entonces por el delito de terrorismo en grado de autor en el caso denominado ‘golpe I’, que fue denunciado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo, Lidia Patty.

Además de este caso, Camacho enfrenta otros procesos, dos que están en curso y con imputación: el caso ‘carro bombero’ y el caso ‘decretazo’; y dos denuncias que están siendo procesadas por el Ministerio Público: uno por presunto allanamiento por su ingreso a Palacio de Gobierno el 10 de noviembre de 2019 y el caso del paro de los 36 días por el Censo en 2022.

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